Alcatel-Lucent pierde la batalla legal por el derrumbe de su sede en Madrid

En la madrugada del 16 de diciembre de 2009, dos plantas de la sede de Alcatel-Lucent en Madrid se derrumbaron por causas desconocidas, aunque se especuló con una explosión de gas. La hora del accidente evitó que produjera víctimas personales y la reacción de los gestores de la empresa permitió mantener a la compañía operativa. Sin embargo, el siniestro le ha salido caro a la compañía tecnológica, que ha perdido un arbitraje con la inmobiliaria Colprado por el que tendrá que pagar 21,8 millones de euros pese a no ser culpable del desplome, según ha informado la empresa francoestadounidense en documentos a sus accionistas.

Como consecuencia del derrumbe, el Ayuntamiento de Madrid ordenó la inmediata demolición del edificio y prohibió el acceso a otros edificios adyacentes que también estaban ocupados por Alcatel-Lucent como inquilino de la misma inmobiliaria. La empresa decidió reducir el pago de alquileres a Colprado en proporción a los edificios destruidos o fuera de uso y el 15 de marzo de 2010 notificó a la inmobiliaria la rescisión del contrato en virtud de una de las cláusulas del mismo. Colprado, una inmobiliaria participada al 50% por Ahorro Familiar, la filial de AXA presidida por un primo del rey Juan Carlos, se opuso a la ruptura del contrato y exigió el pago de todo el alquiler. Luego, Colprado rompió el contrato por falta de pago y se quedó con depósitos y avales de Alcatel por importe de 10,85 millones.

El 7 de abril de 2010, de acuerdo con la cláusula del contrato, Alcatel solicitó un arbitraje ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid, reclamando la devolución de las cantidades que se había quedado Colprado en concepto de garantía y depósito. El 8 de octubre de 2010, Colprado puso una contrademanda solicitando a Alcatel-Lucent 38,9 millones de indemnización por los daños causados, costes de demolición y reconstrucción del edificio, los alquileres pendientes hasta marzo de 2012 y la cláusula penal del contrato.

Tras las vistas celebradas a mediados de noviembre pasado, el árbitro designado por el CIMA dictó un laudo según el cual el derrumbe del edificio no fue provocado por Alcatel-Lucent. El árbitro entendió que la compañía tecnológica no estaba obligada a pagar el alquiler del edificio derrumbado. Sin embargo, estableció que Alcatel-Lucent no podía romper el contrato de alquiler de los otros edificios que tenía alquilados a Colprado pese a la prohibición de acceso a los mismos por parte de las autoridades locales. En consecuencia, el árbitro dictó que Alcatel-Lucent pagase los alquileres hasta la fecha de expiración del contrato, en marzo de 2012. Eso supone que Alcatel-Lucent no solo pierde los 10,8 millones sino que además ha de pagar otros 11 millones adicionales a Colprado.

Ambas firmas han pedido aclaraciones sobre el laudo. Alcatel-Lucent reclama un reducción de 755.000 euros de la cantidad a pagar, mientras que Colprado pide 6,9 millones más. Alcatel-Lucent España está estudiando además instar la nulidad total o parcial el laudo.

La inmobiliaria, por su parte, además del pago de los alquileres de Alcatel-Lucent ha recibido también una indemnización de 15 millones de euros de las compañías aseguradoras, según comunicó à la Comisión Nacional del Mercado de Valores Ahorro Familiar, la empresa presidida por Alfonso de Borbón y Escasany.