Los acusados del caso AVA pactan para evitar la cárcel 13 años después

Los dos principales acusados por el caso de la agencia de valores AVA han llegado a un pacto con el Ministerio Fiscal y con los perjudicados para evitar la carcel y la celebración de juicio oral, 13 años después de que la compañía fuera intevenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

AVA depositaba sus valores en el banco Socimer, domiciliado en Bahamas, que presentó suspensión de pagos en el año 1998. Esto causó pérdidas estimadas en 84 millones de euros para más de 10.000 clientes de la agencia, que les recomendaba invertir en valores de renta fija extranjeros de altas rentabilidades (entre el 9% y el 11%).

En virtud del acuerdo, el consejero delegado de AVA, Enrique Coronado, acepta la imposición de una pena de un año de prisión por un delito societario continuado, y el presidente del grupo al que pertenecía la agencia, Rafael Salama, seis meses de carcel por un delito continuado contra el patrimonio. Además, Salama ha obtenido 11 millones de euros para reparar a los afectados, que se suman a los 21 millones que en su día se obtuvieron de Socimer.

El fiscal Luis Rodríguez Sol considera que el acuerdo "es la mejor solución" posible, "como lo acredita la opinión unánime de los perjudicados", que "se consideran resarcidos".

El juicio, según el Ministerior Fiscal, "ha estado paralizado durante varios periodos de su tramitación por causas ajenas a la voluntad de los acusados, y en particular debido a la falta de colaboración de autoridades extranjeras", lo cual se ha tenido en cuenta como atenuante.