La Fiscalía de Madrid denuncia a los controladores por sedición
La actuación por las bajas masivas que colapsaron los aeropuertos del Ministerio Público, que no descarta pedir el embargo de bienes, se dirigen contra el colectivo "en general"
La Fiscalía de Madrid ya ha presentado en los Juzgados de la plaza de Castilla una denuncia por sedición contra los controladores de Barajas y de Torrejón de Ardoz que los pasados días 3 y 4 no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo, según han informado en fuentes del Ministerio Público. La denuncia se produce el mismo día en que la Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar a los controladores tras la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA.
La acción de la Fiscalía, según las fuentes consultadas, no se dirige expresamente contra un número concreto de controladores, ni contra los 26 que fueron citados a declarar por la propia Fiscalía madrileña ni contra el total de los 175 que podían ser investigados, sino contra los controladores "en general". La denuncia ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.
La Audiencia Nacional se declara incompetente para investigar a los vigilantes de los vuelos
Tras conocerse la noticia, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha asegurado que no ve "descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos dentro de las diligencias penales que ahora se abren para responder a las eventuales responsabilidades civiles que se deriven del proceso. Además, Esteban ha señalado que pedirán nada más recaiga la denuncia en un Juzgado que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Según anunció en su día el el Fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el Ministerio Público va a proponer penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. No obstante, se aplicará una graduación de responsabilidades entre los dirigentes que promovieron la huelga salvaje y los que se limitaron a secundarlo. Según añadió Conde-Pumpido, "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación".
Hasta el momento, la única acción judicial contra los controladores por el delito de sedición es la querella interpuesta contra ellos por el sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad-, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Si se considera que los hechos y los denunciados son los mismos, la denuncia de la Fiscalía podría corresponder a este mismo Juzgado.
Delito de sedición
El delito que el fiscal imputa a los controladores también es el de sedición, previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia".
El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición. La Fiscalía ha denunciado a los controladores después de recibir un informe de AENA sobre los hechos ocurridos los pasados días 3 y 4, que se ha unido a los informes policiales que incluían una relación de los controladores que no acudieron a trabajar.
Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar
Los controladores se negaron a declarar
La investigación desarrollada hasta ahora por la Fiscalía se ha basado fundamentalmente en el contenido de esos informes, ya que los 26 controladores citados por el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Madrid los pasados días 9, 10 y 13 se acogieron a su derecho a no declarar. Los motivos que expusieron para ello fue que se les debía interrogar en el marco de la jurisdicción militar al estar bajo estado de alarma, lo que supuso la militarización del espacio aéreo español.
Los Juzgados de Madrid serán también previsiblemente los encargados de instruir las denuncias que las asociaciones de empresarios y organizaciones de consumidores como OCU y FACUA han interpuesto contra los controladores por los perjuicios económicos causados por su postura, después de que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para tramitarlas. En el auto en el que la Audiencia Nacional rechaza la competencia se acuerda precisamente remitir todas las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid.
Blanco: La liberalización de torres rebajará tasas de navegación aérea un 15%
El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho hoy que, con la liberalización del servicio de control de torre en trece aeropuertos de Aena se inicia un proceso de mejora en la calidad, eficiencia y competitividad, con repercusión directa en la rebaja de las tasas de navegación en un 15%.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Fomento, aprobada el 22 de diciembre, por la que se determinan los 13 aeropuertos donde se liberalizará el control aéreo mediante la selección de nuevos proveedores civiles del servicio. Concretamente, se liberará el servicio en las torres del aeropuerto de A Coruña, Alicante, Fuerteventura, Ibiza, Jerez de la Frontera, La Palma, Lanzarote, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo.
Así, en el plazo no superior a un mes, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) deberá iniciar el procedimiento de selección de nuevos proveeores de servicios de control del tránsito aéreo, de acuerdo con lo establecido el al Ley 31/2007 del 30 de octubre. A continuación, corresponderá al Ministerio de Fomento la designación del proveedor civil.
Fomento recuerda que en la selección del grupo inicial de 13 aeropuertos de los 47 de la red se han tenido en cuenta entre otros criterios el tipo y volumen del tráfico; la complejidad de la dependencia y del proceso de transición en relación con los objetivos perseguidos; las características de los servicios prestados en las dependencias TAS en cada caso, así como las derivadas de la gestión de los aeropuertos seleccionados, todo ello teniendo en cuenta la "imprescindible garantía de la seguridad, continuidad, eficacia, calidad y sostenibilidad del servicio".
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