España pierde la batalla por las patentes de la UE

La Unión Europea ha decidido hoy dejar atrás a España e Italia para poder avanzar en un sistema de patentes unificado, que permita mejorar la protección de las invenciones europeas, al abaratar los costes de registro y traducción. Las encendidas intervenciones de los representantes español e italiano en defensa de sus lenguas vernáculas, que consideran discriminadas respecto al francés, el alemán y el inglés en el sistema propuesto, de poco han servido para convencer a sus socios europeos.

Con Alemania, Francia y Reino Unido a la cabeza, y espoleada por el comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, la UE ha acordado iniciar los procedimientos necesarios para emplear el instrumento de la "cooperación reforzada", que permitirá aprobar una medida en los países partidarios de la misma, cuando se haya constatado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el resto.

"La competitividad de nuestras empresas no puede esperar a la creación de la patente europea. Llevamos diez años discutiendo este asunto", ha asegurado el ministro francés de Industria, Eric Besson. "El Consejo se ha visto ante una situación de bloqueo, de manera que no se podía alcanzar esa patente europea en un plazo razonable", ha explicado, por su parte, el comisario francés Michel Barnier.

Según datos de la Comisión, una patente europea validada en trece países puede costar hasta 20.000 euros, de los cuales casi 14.000 euros corresponden a las traducciones. Así, una patente en la UE es diez veces más costosa que una patente en Estados Unidos, cuyo precio aproximado asciende a 1.850 euros. España e Italia pidieron en vano a sus socios que continúen las negociaciones para acordar un sistema que satisfaga a todos.

"Después de tantos años, creo que no deberíamos culminar todos esos esfuerzos en un fracaso que significaría sacar adelante una propuesta que divide a la Unión", ha dicho el secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido. El representante español ha acusado al comisario francés Michel Barnier de querer imponer un sistema que favorece al francés, el inglés y el alemán, a costa de discriminar a la lengua de Cervantes.