Trabajo encuentra indicios de delito en la inspección a Marsans

El Ministerio de Trabajo ha paralizado el proceso para sancionar al Grupo Marsans, que empezó con una inspección laboral, y ha decidido remitir a la Fiscalía su intervención. La razón es que las supuestas infracciones cometidas por la dirección de la empresa, ex dirigida por el presidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz-Ferrán, "pueden ser constitutivas de ilícito penal".

Todo empezó con una reclamación interpuesta tiempo atrás por la rama de servicios turísticos de UGT, finalmente atendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Esa queja fue la señal de partida.

El inspector del Ministerio de Trabajo, cuyo responsable es Celestino Corbacho, afirmó el pasado 9 de agosto que "de las conductas seguidas por la dirección de las empresas del Grupo Marsans se entiende que se puede haber incurrido en conductas ilícitas penales tipificadas en el Código Penal". Un aviso sobre la pista delictiva en la que desembocaba el rastro de la empresa.

Trabajo asevera que Marsans incumplió varios artículos de la ley del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente, el operador turístico no ha ingresado las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, "pese a haberse reducido el abono de sus retribuciones"; también ha ocasionado más molestias al personal, como el "atraso reiterado y la falta de puntualidad" en el cobro de sus salarios; Marsans tampoco "mantiene en adecuadas condiciones de limpieza los centros de trabajo".