Arregui y Gandásegui quisieron reflotar Ramón Vizcaíno

José Luis Arregui, presidente de la papelera Ence y primer accionista particular de Iberdrola, e Iñaki López Gandásegui, presidente de Aernnova, se mostraron dispuestos a reflotar el grupo Ramón Vizcaíno, con una deuda actual de 50 millones y una división entre sus tres principales socios que ha impedido cualquier plan de reestructuración. El proyecto de refundación de la empresa —dedicada a bienes de equipo de la tecnología del frío con 400 empleados, 200 en su planta de producción de Oiartzun y el resto en 26 delegaciones en España y en el extranjero— se fraguó entre finales del pasado año y los dos primeros meses de este pero se ha ido al traste por la negativa de los actuales propietarios. El Departamento de Industria ha asegurado que Arregi y Gandásegui han desistido ya del proyecto por lo que "no existe plan de viabilidad", en contra de lo que afirmó el martes en un comunicado el grupo empresarial.

Con el fracasado proyecto, a Ramón Vizcaíno sólo le queda la entrada en un concurso de acreedores para intentar salvar una empresa, que en los últimos diez años, según datos oficiales, ha recibido 76 millones de euros de dinero público, entre ayudas del Gobierno, la Hacienda de Guipúzcoa y la Seguridad Social.

El último año de la empresa, según las fuentes consultadas, ha sido rocambolesco. La dirección se reunió en mayo de 2009 con el viceconsejero de Industria, Xabier Garmendia, para pedir una ayuda de 20 millones de euros pero el Gobierno —que tiene un 16% de acciones a través de los fondos Ezten y Sustapen— no vio entonces un plan serio y además se encontró con una gran fractura entre los tres principales socios: los hermanos Vizcaíno (los herederos del fundador), con un 33% del capital, y sus dos tíos, Jesús Gómez Montoya, con un 21% y Antonio Pérez Nievas, un 14%.

Industria inició entonces sus gestiones para buscar una solución. Primero se encargaron estudios a dos consultoras para conocer la situación real de la empresa, que el pasado año funcionó al 40% de su actividad y, pese a ello, no presentó ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Además, se concedió un aval de 3 millones de euros. Los informes concluyeron que se necesitaba un capital de 40 millones, además de una reestructuración total de la deuda y que, incluso, si la situación se prolongaba tres meses más el agujero aumentaría en 17 millones más. Planteaban el cambio del accionariado y el equipo directivo.

Paralelamente, Industria, que ha seguido los pasos de la mano de la Diputación de Guipúzcoa, buscó nuevos empresarios y logró la implicación de Arregui y López Gandásegui. El plan pasaba porque aportasen 2,5 millones y las instituciones públicas, otros 7,6. En febrero se presentó el proyecto a los tres principales accionistas de Ramon Vizcaíno que dieron su conformidad pero al de tres días los hijos del fundador comunicaron su negativa.

Tanto los tres socios como la Kutxa (principal acreedor con cerca de 27 millones) coincidieron, en reuniones celebradas con Industria el pasado 18 de marzo, que la salida era el concurso de acreedores. Esta semana, Gómez Montoya aseguró que tenía el respaldo de Pérez Nievas para poner en marcha el plan de viabilidad del Gobierno pero liderado por ellos. Pérez Nievas lo ha negado e Industria insiste en que ese proyecto ya no existe.