A concurso por no pagar la cuota

El concurso de acreedores no es la mejor salida, pero puede ser la única para evitar que las entidades financieras procedan al embargo de un inmueble hipotecado cuando el titular del préstamo es incapaz de afrontar el pago de las cuotas mensuales. Estos episodios se han generalizado con la crisis entre promotores y las entidades financieras.

Pero cuando se trata de personas físicas (cualquier persona) sin actividad profesional, tampoco están a salvo de tropezarse con esa disyuntiva tan poco grata. Si las cosas se tuercen o se pierde el empleo, el concurso se ha convertido en el último clavo ardiendo al que se agarran muchos ciudadanos, aunque la mayoría no entienda muy bien a dónde les va a conducir o cuáles son las consecuencias.

Sólo durante el año pasado, más de 1.700 particulares se acogieron a esta figura jurídica ante la imposibilidad material de pagar las cuotas mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística.

Johnny Alberto Calderón es uno de ellos. Hasta hace seis meses, su situación económica era envidiable. "En los mejores meses de verano llegaba a ganar hasta 27.000 euros, y entre 8.000 y 9.000 euros el resto del año, pero de la noche a la mañana la actividad se redujo de forma casi total".

Hace seis meses presentó una solicitud de concurso de acreedores ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid.

Johnny está soltero. Nació hace 49 años en Venezuela, aunque ya disfruta de la nacionalidad española. Dejó su país en diciembre de 1994. Se dedica a la instalación de aparatos de aire acondicionado. "Instalaba de 10 a 15 al día, y de pronto, hace dos años, todo se paró", comenta.

Casos como el de Johnny han crecido exponencialmente con la crisis. Entre 2006 y 2007 sólo 193 particulares se acogieron al concurso de acreedores. De las 1.689 personas que, como Johnny, engrosaron la lista el año pasado, 1.312 son familias que trabajan por cuenta ajena, y las 377 restantes, autónomos o pequeños comerciantes.

El concurso no tiene marcha atrás

La deuda total que acumula Johnny Alberto Calderón asciende a unos 560.000 euros. El monto más importante, casi 450.000 euros, procede de la hipoteca. El resto corresponde a préstamos personales y tarjetas de crédito.

"Tenía mi casa en Villaverde y cuando fui al banco a solicitar dinero para comprarme otra en Denia, me obligaron a unificar las dos hipotecas en una. Total, me quedó un crédito de 430.000 euros, y ahora, después de entrar en el concurso resulta que debo más de lo que debía antes", señala.

Con ser una salida, el concurso no le sale barato a Johnny.

"El abogado me dijo que todo me costaría 8.000 euros, pero no estaba todo incluido. El administrador me cuesta 5.600 euros y todavía le debo la mitad. Y ahora tengo que pagar 198 euros para sacar un documento del Registro de la Propiedad", indica resignado.

Las deudas que arrastra Francisco Molero no son tan abultadas. Con 40 años, casado y con dos hijos, vive en el madrileño barrio de San Fermín, junto a la Caja Mágica, un complejo deportivo de Dominique Perrault dedicado al tenis incluido en la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos que se llevó Londres.

Las deudas de Molero ascienden a unos 300.000 euros. "Tengo un quiosco de prensa, pero las ventas han bajado tanto que me he tenido que buscar otro trabajo", argumenta.

Abre el quiosco a las 8.00 y lo cierra a las 11.30 para ir a su nuevo empleo. El concurso le cuesta 6.300 euros, los 4.300 del administrador y 2.000 del abogado. No se muestra excesivamente esperanzado sobre el desenlace de este proceso. "Se presentó y nada, a esperar un año, a ver qué pasa. Cada cierto tiempo tengo que rendir cuentas al administrador sobre mis ingresos y gastos", concluye Molero.

Abocados al fracaso

La opción de acogerse al concurso de acreedores cuando se trata de particulares sin actividad profesional no parece la más adecuada para salir del atolladero. El abogado Antonio Relea, administrador concursal de un particular residente en Móstoles, lo tiene claro.

"Están abocados al fracaso. Se trata de una ley pensada para empresarios y profesionales. Y yo no la recomiendo para estos casos. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no son conscientes de lo que acarrea. Se dejan asesorar mal y luego se dan cuenta de que el objetivo que quieren conseguir resulta imposible de alcanzar", comenta.

Y no suelen salir bien de este tipo de concursos porque al final, caso de que se llegue a aprobar el convenio, se requiere el acuerdo de la mitad de los acreedores. Además, una vez que se presenta no se puede dar marcha atrás y retirarlo, salvo que el concursado no tenga bienes, en cuyo caso el juez de oficio ordena el levantamiento del procedimiento.

"La gente tiene una idea equivocada, ya que la entrada en concurso de una persona física no supone la paralización de la ejecución del préstamo hipotecario. Esto sólo está previsto si existen actividades profesionales", expone el letrado, quien añade que las personas físicas, de acuerdo con el Código Civil, responden durante toda su vida de las deudas contraídas.

No se puede vender

Aunque básicamente es la hipoteca la que mayor cantidad de deuda acarrea, las personas físicas que acuden a los concursos suelen tener cinco o seis acreedores, normalmente entidades financieras, pero también Hacienda o la Seguridad Social, dice el abogado Antonio Relea, debido a "la locura que se vivió durante los años pasados, cuando todo se compraba a crédito, coches, viajes y cualquier cosa... No suelen ser montos muy altos, pero si los sumas todos, al final salen cantidades significativas", añade.

No todas las personas físicas, autónomos o empresarios pueden acogerse al concurso de acreedores ante los juzgados de lo mercantil. Se requiere que haya más de un acreedor, por lo que aquellos que tengan como única deuda, por alta que sea, la derivada del préstamo hipotecario deberán recurrir a otras vías para tratar de superar su situación de insolvencia. Otra de las dudas que tienen muchas familias que se embarcan en un concurso es la de saber si, durante el procedimiento, pueden vender su casa. No pueden hacerlo, ya que es el administrador el que gestiona todos los bienes del deudor.