La justicia da la razón a los afectados por CPV

Cuatro sentencias favorables han abierto una vía de esperanza a los afectados por la actuación de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). A finales de los noventa, esta sociedad comercializaba pisos en enclaves como Sanchinarro sin tener suelo para ello o bien revendiendo el que conseguían. Hoy sus administradores, Francisco García Moreno, sus hijos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, y Miguel Ángel Morillo del Pozo, llevan varios años en la cárcel por estafa tras haber engañado a unas 3.000 familias por una cuantía que podría estimarse en unos 20.000 euros de media. Este mismo año, el Tribunal Supremo les ha subido las penas de cárcel. En el caso del que se presentó como cerebro de la operación, Francisco García Moreno, de 10 a 12 años.

Entre 15.000 y 20.000 euros son las cantidades medias que piden los gestores de la quiebra

A un grupo de familias que consiguieron de los estafadores, antes de que se descubriese el fraude, la devolución del dinero que habían dado como señal, los síndicos de la quiebra de CPV están exigiéndoles que devuelvan ese dinero.

Para ello se basan en una norma del siglo XIX. Las cantidades medias oscilan entre 15.000 y 21.000 euros. Eso sí, los síndicos dan facilidades de pago y ofrecen una rebaja del 50% al centenar largo de afectados, pero amenazan con demandar judicialmente a quien no pague. Para estas familias, las cuatro sentencias citadas permiten albergar la esperanza de no tener que pagar. Dos son de los juzgados de primera instancia, números 53 y 9, y otras dos, de apelación, dictadas por las secciones 10 y 28 de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una de las sentencias, la jueza califica de "extravagancia jurídica y manifiestamente injusto" que se les obligue a dar ese dinero. ¿Cómo sancionar a los que consiguieron que les devolvieran su dinero una mercantil que ni siquiera tenía terrenos? La Sala de la Audiencia considera que la devolución de la señal no perjudicó en ningún caso a la sociedad, que podía revender las supuestas viviendas, ni por tanto al resto de los afectados.

Diez años después, muchos no tienen el dinero ni tampoco podrían acceder a un crédito para conseguirlo, por lo que no pueden pagar lo que los síndicos reclaman con la Ley de Comercio en la mano. Tal ley, además, fue derogada seis meses después de declararse la quiebra de CPV el 5 de diciembre de 2002.

Los que sí podrían reunir ese dinero dudan si pagar con descuento, como proponen los síndicos, o enfrentarse a un proceso judicial, con varios miles de euros, ya que hay más sentencias desfavorables que favorables.

Estas cuatro sentencias, una de ellas obtenida por el bufete MLC Abogados, son un argumento a favor de no pagar. "El juzgado de Primera Instancia número 9, que es el que entiende la quiebra, nos ha dado la razón. Desestiman íntegramente la demanda de sindicatura. Ésta podría recurrir en apelación, pero ya existen las de la Audiencia Provincial, que nos permite alegar y recurrir", indica la abogada María Lancho. "Mis clientes han decidido seguir adelante y litigar".

"Los síndicos de la quiebra, previsiblemente, apelarán y seguirán reclamando las cantidades, ya que reciben un porcentaje de éstas", se quejan algunos afectados.

A estas alturas, la masa de la quiebra, o sea, el resto de los acreedores de CPV a los que iría destinado el dinero que les reclaman a estas familias, es un conglomerado en el que los particulares conviven con empresas como Scenical-Blend. Síndicos de la quiebra, que fueron abogados de los afectados, les recomendaron vender a esta sociedad su deuda a cambio del 42% en mano.