El Gobierno suprime la autorización previa para poner en marcha una empresa de servicios

El Gobierno ha aprobado hoy la ley española que traspondrá la Directiva Europea de Servicios que suprime como regla general la autorización previa para el inicio de una actividad, y permite su ejercicio en todo el territorio español y europeo, sin ningún tipo de restricción territorial.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha destacado que la incorporación de esta directiva, que afecta a un sector que representa el 67% del PIB español, "garantizará su desarrollo y la equipará con Europa".

Además, la reducción de las trabas administrativas para el inicio y el desarrollo de un negocio en el sector permitirá mejorar en tres décimas el crecimiento de la economía, según cálculos facilitados hoy por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, en un encuentro informativo.

El fin último de esta ley es el de agilizar la puesta en marcha de los negocios del sector servicios para que las habituales trabas o retrasos administrativos no frenen la actividad económica o desincentiven a los emprendedores y para alentar, en definitiva, la creación de empresas y la mayor actividad económica.

Los servicios en España, ha reconocido Vegara, están sujetos a normativas en muchos casos "obsoletas e inadecuadas" que han supuesto rigidez en el sector, han lastrado la competencia y han impedido una mejora en su productividad, además de no ayudar a la inflación.

Así, mientras la productividad del sector servicios subió en la UE un 6,8% entre 1997 y 2006, en España bajó el 3,4%, mientras que los precios de los servicios españoles tienen la culpa de la mitad del diferencial de inflación con la zona del euro.