La Justicia europea da un varapalo al Gobierno español por ampliar las competencias de la CNE
El Tribunal considera que la medida, que permitió imponer condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, viola las normas comunitarias. -Solbes exige aclarar "cuál es el margen de actuación nacional"
El Tribunal de Justicia de la UE considera que el aumento de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), medida que permitió poner condiciones a las opas de E.ON y Enel y Acciona sobre Endesa, viola las normas comunitarias.
La sentencia, hecha pública hoy, afirma que el decreto de febrero de 2006 que faculta a la CNE para analizar fusiones energéticas "vulnera la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento y no está justificado por el objetivo de garantizar la seguridad del suministro energético".
El TUE rechaza así los argumentos del Gobierno español y da la razón a la Comisión Europea, que llevó el caso hasta el Tribunal ante la negativa de las autoridades españolas a ajustar el decreto a la legislación comunitaria.
La ley española en cuestión es el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la CNE. En virtud de esta disposición, la CNE tiene que autorizar la adquisición de participaciones en un porcentaje superior al 10 % del capital social -o cualquier otro que conceda influencia significativa- en empresas activas en el sector energético.
Tras darse a conocer la sentencia, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha respondido que el Ejecutivo acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, si bien ha precisado que reclamará al Tribunal que aclare "cuál es el margen de actuación nacional" en estos casos.
Amparándose en esta norma, el regulador impuso una serie de condiciones a la compra de Endesa por parte de la eléctrica alemana E.ON que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea. El TUE ya ha condenado a España por no haber retirado estas condiciones, incluso aunque E.ON renunció a su oferta pública de adquisición.
El Ejecutivo comunitario también ha declarado ilegales los requisitos impuestos por el órgano presidido por Maite Costa a la adquisición de Endesa por parte de Enel y Acciona y está a punto de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.
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