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Bruselas sospecha que las exenciones fiscales a inmuebles de la Iglesia podrían ser ilegales

La Comisión Europea expresó el pasado 19 de julio sus dudas sobre las exenciones del patrimonio de la Iglesia y espera respuesta del Gobierno

La Comisión Europea espera la respuesta de España a la información que le solicitó sobre las exenciones fiscales que concede al patrimonio de la Iglesia católica y pedirá más datos sobre este mismo caso a las autoridades de Italia, debido a que sospecha que en ambos casos podrían constituir una ayuda estatal ilegal, aunque todavía no ha decidido si iniciar una investigación formal en ninguno de los dos casos.

En el caso español, la Comisión informó que el pasado 19 de julio pidió información por carta a las autoridades españolas, de las que se espera una respuesta a mitad del mes de septiembre. "El examen trata de evaluar la posible calificación de la exención como una ayuda estatal y su compatibilidad con el mercado único", indicaron fuentes comunitarias que precisaron que las dudas se centran en las exenciones del patrimonio de la Iglesia.

Posible investigación formal de la Comisión

Las fuentes añadieron que si finalmente la Comisión determina que tal exención constituye una ayuda estatal "incompatible", se pediría a España que "elimine voluntariamente los elementos de ayuda incompatibles de la exención". Si las autoridades españolas no lo hace, entonces Bruselas "podría decidir iniciar una investigación formal".

Por lo que respecta a Italia, el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que de momento tampoco hay investigación, pero que se va a solicitar por segunda vez información a sus autoridades sobre sus exenciones fiscales a los bienes inmuebles de la Iglesia en este país.

El caso italiano

La Comisión envió una primera petición de información a Roma en el mesde enero y en julio recibió una respuesta que Bruselas cree "insuficiente" y por eso ha pedido más datos. "Hemos recibido información y vemos que no es suficiente, vamos pedir información suplementaria", dijo Todd que precisó que se trata "sobre todo sobre actividades inmobiliarias de la Iglesia".

En concreto, las sospechas se centran en tres disposiciones legales italianas que reconocen a la Iglesia católica "exenciones fiscales locales sobre propiedades inmobiliarias", "exenciones fiscales sobre empresas si la renta viene de propiedades inmuebles de la Iglesia católica" y una "reducción del 50% del impuesto de sociedades para entidades no comercialesde instituciones religiosas".

El portavoz indicó que, tal como es habitual en este tipo de casos, la petición de información al Gobierno italiano se produjo después de que la Comisión recibiera "quejas" sobre estas supuestas irregularidades. Rehusó desvelar la identidad de los denunciantes, también práctica habitual, para protegerles "ante potenciales represalias".

Precedentes contra la Iglesia

Esta no es la primera vez que la Comisión se plantea tomar medidas en relación a las actividades de la Iglesia católica en un país de la UE y que ya hay precedentes en Bélgica y también otro en España. Puntualizó que "una vez que una organización tiene actividad económica, podría haber distorsiones de competencia" y que Bruselas ya ha perseguido con anterioridad "las ventajas a la Iglesia en Estados miembros".

Así, en diciembre de 2005 la Comisión pidió a España que modificara el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos -el Concordato, de 1979- al declarar ilegales las exenciones al pago del IVA a determinadas entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con destino a la Iglesia católica.

Una auténtica potencia inmobiliaria

Uno de los efectos del 'boom' inmobiliario que ha experimentado España en la última década es una importante revalorización de las casas y propiedades de la Iglesia católica. No existen datos oficiales, pues la Iglesia no los dice, alegando que cada diócesis lleva la cuenta de sus propiedades. Y es que existen 67 diócesis por todo el país y cada una lleva sus cuentas.

No existe pueblo sin iglesia, ciudad sin catedral ni monte sin ermita. Monasterios, casas de acogida, colegios religiosos y un largo etcétera conforman una gran cantidad de propiedades que para sí querría cualquier inmobiliaria.

La noticia de que la Comisión Europea investiga a la Iglesia española no es nueva. En septiembre de 2006, la Conferencia Episcopal acordó con el Gobierno un acuerdo para su financiación por el que la Iglesia tendrá que presentar a partir de ahora una memoria justificativa sobre cómo emplean el dinero que reciben del IRPF. En ese acuerdo, se recogía la exigencia de la Unión Europea para que la iglesia pagase IVA en las compras de bienes muebles e inmuebles. Además, en el documento firmado se recogía un aumento del 0,52% al 0,7% del porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los ciudadanos podrían dedicar voluntariamente a la Iglesia.

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