California formula cuatro cargos contra la ex presidenta de Hewlett-Packard

El fiscal general de California, Bill Lockyer, ha interpuesto cuatro cargos contra la ex presidenta de Hewlett-Packard (HP), Patricia Dunn, y otros cuatro implicados en el caso de espionaje a periodistas y ejecutivos de la compañía. Las cosas cada vez se ponen más feas para HP, envuelta en un escándalo por el espionaje a un grupo de periodistas y a sus propios directivos para averiguar quién filtró informaciones a la prensa.

El fiscal Lockyer quiere llegar a las últimas consecuencias en la investigación de esta trama y por eso ha interpuesto este miércoles, ante un tribunal del condado de Santa Clara, cuatro cargos contra Dunn y otros cuatro implicados, según avanza la revista BusinessWeek en su edición electrónica.

Ilegalización del 'pretexting'

California ya dio un gran paso adelante en este sentido con la ilegalización, la semana pasada, del método de espionaje que utilizó HP, conocido como pretexting, y que consiste en llamar a una compañía de teléfonos como si fuera cliente para obtener información.

Lockyer, sin embargo, no ha incluido entre los acusados a Mark Hurd, quien ocupa ahora el cargo que abandonó Dunn. Las otras cuatro personas contra las que se dirige el fiscal de California son Kevin T. Hunsaker, el ex consejero legal de la empresa; Ronald DeLia, un detective privado de Boston; Joseph DePante, propietario de la empresa de base de datos Action Research Group, y Bryan Wagner, un residente de Colorado empleado por Action Research.

Cada uno de ellos -junto con Dunn- se enfrentan a cuatro cargos: utilizar falsas excusas para obtener información confidencial de una compañía, acceso no autorizado a información almacenada en un ordenador, robo de identidad y conspiración al cometer cada uno de estos delitos. Hunsaker, quien dirigió la investigación, abandonó la compañía a finales de septiembre.

Escuchas a varios medios

DeLia, director de la firma de detectives Security Outsourcing Solution, contrató a la compañía de DePante para obtener información. Este, a su vez, contrató a Wagner para obtener el registro de llamadas de los directivos de HP y los periodistas, entre ellos dos de Cnet, una revista de tecnología por internet con sede en San Francisco; y otros de los diarios The New York Times y The Wall Street Journal. Wagner identificó al directivo George Keyworth II como la fuente que filtró información a una reportera de la revista de tecnología Cnet.

Keyworth dimitió cuando el escándalo salió a la luz, a principios de septiembre, mientras que otro directivo, el inversor Thomas Perkins, abandonó el Consejo de Administración en mayo, cuando se enteró de los métodos que había utilizado la empresa, y se convirtió así en el primero en tirar de la manta. El escándalo llegó la semana pasada al Congreso de EE UU, donde los implicados recibieron una reprimenda pero mantuvieron la boca cerrada, amparados en la quinta enmienda constitucional que les permite guardar silencio para no incriminarse en el asunto.

Dunn, la única que sí habló ante los congresistas, reconoció que, cuando accedió al puesto, uno de los principales encargos que recibió del consejo de administración fue determinar de dónde procedían las filtraciones que sufría la empresa. Una de las filtraciones afectó a las deliberaciones privadas en el consejo sobre la salida de Carly Fiorina, entonces presidenta ejecutiva de HP. Dunn dijo que cuando accedió a la presidencia pensó que la investigación, comenzada en 2005, había sido autorizada por Bob Wayman, director financiero y consejero delegado en funciones. La ex presidenta aseguró en el Congreso que en todo momento pensó que el sistema para rastrear las llamadas telefónicas de los empleados y periodistas era legal y basado en información pública disponible.