Bruselas estudiará la documentación del Gobierno italiano sobre la fusión de Abertis y Autostrade

La Comisión Europea se dispone a estudiar la "correspondencia" que ha recibido esta tarde del Gobierno italiano sobre sus intenciones con respecto a la fusión entre la empresa española Abertis y la italiana Autostrade, aunque rechazó confirmar si entre las explicaciones se alude a la decisión de vetar la operación.

Bruselas realizó ayer una petición de información a Roma para clarificar las informaciones de prensa que aludían a la decisión del Gobierno de Romano Prodi de bloquear la operación al considerarla perjudicial para el país.

El ministro de Infraestructuras, Antonio Di Pietro, anunció en la tarde de ayer la prohibición de la fusión y aseguró que de esta manera "no se violan las normas europeas" pero que, si la operación sigue su curso, sí se violarán las leyes italianas.

Dimensión comunitaria

Hasta hoy, la Comisión europea no tenía constancia de esta decisión más que por las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación desde el viernes pasado y por eso ayer contactó con Roma para pedir información sobre lo que Roma piensa hacer, recordaron las fuentes. Sin embargo, tras la recepción de los documentos enviados por el Ejecutivo italiano, la Comisión no ha hecho público si entre ellos se encuentra la información referente al posible veto de la fusión por parte del Gobierno.

Bruselas ya advirtió ayer que si las cifras de negocio de las dos compañías demuestran que la fusión tiene una dimensión comunitaria y no nacional, corresponderá a la Comisión estudiar la operación y el Gobierno italiano no podrá intervenir.

Tal y como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, Bruselas estima si una operación tienen dimensión nacional o comunitaria en función de su cifra de negocio de las compañías implicadas en el mercado del país donde están asentadas y fuera de él. De esta forma, la Comisión se haría cargo del análisis de la fusión entre Abertis y Autostrade en el caso en el que al menos dos tercios de la cifra de negocio de alguna de las dos empresas supere el ámbito del mercado de un Estado miembro.