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Iberia, Spanair y Air Europa, demandadas por cobrar a sus clientes elevados cargos de emisión

Las tres principales aerolíneas españolas cargan al cliente entre 12 y 96 euros por entregarle cada billete.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy una demanda judicial en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid contra las aerolíneas españolas Iberia, Spanair y Air Europa. Estas compañías incrementan los precios de sus billetes con cargos adicionales de entre 12 y 96 euros que achacan a la emisión de los tickets, incluso cuando estos son adquiridos por Internet. A juicio de esta organización de consumidores, estos recargos son contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y navegación aérea.

Según esta organización de consumidores, los citados recargos son contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y navegación aérea. En la

práctica, el recargo de emisión implica el cobro de un suplemento, por parte de la compañía aérea, por el simple hecho de entregar al cliente la factura o el contrato de compraventa que representa el billete.

La demanda ha sido interpuesta como consecuencia de la "pasividad" del Instituto Nacional del Consumo, que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este organismo aún no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias presentadas por FACUA desde mayo de 2004, según ha explicado el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, en rueda de prensa. El pasado enero, la Federación ya presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de diligencia y atención del Instituto Nacional de Consumo.

Todas las compañías

"La vía más rápida no era denunciar a todas las compañías que aplican estas cláusulas, sino a las tres más importantes", subrayó Sánchez, quien precisó que una sentencia favorable a las tesis de la organización repercutirá en todo el sector. La Federación pide a los tribunales una acción de cesación para que se considere "nula, por abusiva", la cláusula general que establece el cargo adicional por emisión de billetes y "que dicha cláusula la eliminen las demandadas de sus condiciones generales".

La legislación sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como cláusula abusiva la "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa correspondan al profesional". En este sentido, hasta tres normativas -la Ley de Navegación Aérea, el Convenio de Varsovia y el Convenio de Montreal- establecen que la emisión del billete es una obligación inexcusable del transportista.

Denuncias reiteradas y pasividad del Gobierno

Iberia, Spanair y Air Europa ingresan "cientos de millones de euros" cada año con estos cargos por la emisión de los billetes que oscilan entre 12 y 96 euros, según el destino del vuelo, la clase elegida, el tipo de billete y la forma de compra. Iberia e Spanair, además, aplican también un segundo recargo de 15 euros si el usuario solicita un billete en papel en lugar de su versión electrónica. "Hay casos en los que el recargo por emisión llega a superar el precio del billete ofertado en publicidad", alertó Sánchez, lo que podría llegar a considerarse incluso "publicidad engañosa".

En mayo del año 2004, FACUA denunció ante el Instituto Nacional de Consumo a las citadas aerolíneas españolas por la aplicación de estos recargos. El organismo se limitó entonces a trasladar la denuncia a la Dirección General de Aviación Civil, (DGAC) del Ministerio de Fomento, un organismo que "carece de competencias en materia de protección de los consumidores". De hecho, en su respuesta Aviación Civil indicó que, tras consultar a la Comisión Europea sobre la aplicación de estos recargos, ésta confirmó que "se considera un concepto integrado en el término de tarifa aérea y, como consecuencia, está totalmente liberalizado".

Pacto de precios entre compañías

En mayo de 2005, FACUA volvió a dirigirse al INC para reiterarle sus argumentos jurídicos y discernir de la resolución de la Dirección General de Aviación Civil, ya que la "existencia de un marco de tarifas liberalizadas no exime a las empresas de respetar la normativa de protección al consumidor". De hecho, en respuesta a una consulta del grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, el Gobierno indicó en febrero de 2006 que la práctica denunciada por FACUA tiene incidencia en materia de defensa tanto de la competencia como de los consumidores y usuarios, aunque "actualmente no se dispone de un criterio

consensuado de las autoridades competentes en materia de consumo sobre el carácter abusivo de estas prácticas".

Paralelamente, FACUA ya había denunciado a Iberia, Spanair y Air Europa en mayo de 2004 ante el Servicio de Defensa de la Competencia, al detectar que estos recargos, además de ser ilegales, eran idénticos, de lo que se deducía la "existencia de un pacto contrario a la legislación en materia de competencia". En julio de 2005, el SDC elevó el caso al Tribunal de Defensa de la Competencia tras considerar probada la existencia del pacto.