La Comisión Europea propone una nueva versión de la Directiva de Servicios de la UE

La Comisión Europea ha presentado hoy una versión suavizada de la propuesta de directiva de liberalización de Servicios, que recoge la gran mayoría de los planteamientos aprobados por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero.

En el nuevo texto desaparece el polémico "principio de país de origen", según el cual una empresa podría operar en varios estados de la UE sometida sólo a la legislación del país donde se constituyó. En su lugar, la nueva propuesta de normativa contempla la "libertad de acceso y prestación de servicios" dentro del territorio comunitario, siempre en función de las normas del país de acogida en materia de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública".

La nueva propuesta también excluye de su campo de aplicación los servicios financieros, y los relacionados con la salud, las telecomunicaciones, los transportes y servicios portuarios, los servicios sociales y vivienda social, así como los relativos a empresas de trabajo temporal, apuestas y juegos, seguridad privada y sector audiovisual.

Pese a ello, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, subrayó hoy que la importancia de la propuesta "no debe subestimarse" y recalcó en particular que los Estados miembros tendrán prohibido imponer "cualquier discriminación por razón de nacionalidad de las empresas", en referencia a algunos movimientos recientes calificados de "nacionalismo económico" por miembros de la Comisión. La propuesta busca consolidar el mercado europeo de servicios, que supone aproximadamente el 70% del PIB comunitario, consagrando el derecho de las empresas a operar en distintos Estados sin tener filiales en ellos y en igualdad de condiciones con las nacionales.

A pesar de la larga lista de exenciones, este punto seguirá siendo de aplicación en sectores tan diversos como el turismo, el inmobiliario y la construcción, los centros comerciales, las consultoría o el mantenimiento de oficinas. El comisario anunció que presentará el nuevo texto en el Consejo de Competitividad de la UE a finales de este mes, para que éste pueda ser objeto de consenso entre los Estados miembros y vuelva, lo ante posible, al Parlamento para su adopción definitiva.

Polémica con el texto original

El texto original, conocido como directiva Bolkestein por su impulsor, el ex comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, había suscitado el rechazo frontal de sindicatos y del Gobierno francés, así como de los diversos actores sociales de toda la UE, que temían que la liberación de los servicios propiciase una carrera a la baja entre los distintos Estados miembros en materia de salarios y condiciones laborales.

En paralelo a su nueva propuesta sobre la directiva, la Comisión presentó hoy una comunicación con recomendaciones sobre cómo deben los Estados miembros controlar el cumplimiento de sus normativas por parte de las empresas foráneas de servicios. En este nuevo documento, Bruselas señala que las administraciones nacionales pueden pedir a la empresa foránea una "declaración" sobre el desplazamiento de trabajadores a su territorio, y que el operador debe tener disponible en el país de acogida documentación relativa a las condiciones de trabajo de sus empleados.

También se recoge la posibilidad de que los Estados miembros impongan a las compañías la obligación de obtener una "autorización general" antes de competir en ciertos sectores. Sin embargo, también señala que el operador no tiene que contar con un representante permanente en el territorio del país de acogida.