La Fiscalía de Milán investiga presuntos pagos a políticos para que prosperase la OPA de BPI
La prensa italiana habla de una red de intermediarios, testaferros y políticos implicados en el asunto
La Fiscalía de Milán, que se ocupa de las irregularidades en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para el control de Antonveneta por parte del Banco Popular Italiano (BPI), está investigando los presuntos pagos de la entidad bancaria a políticos para que facilitasen la operación, según los medios de comunicación italianos.
La prensa explica que las sospechas surgieron a raíz de los interrogatorios al ex administrador delegado del BPI, Giampiero Fiorani, arrestado en la noche del 13 de diciembre junto a otros dirigentes de la entidad. Fiorani y sus compañeros están acusados de especulación abusiva en la operación de compra del banco Antonveneta, de realizar pagos ilegales a políticos y de robar dinero a sus clientes para cubrir operaciones del banco.
Según la prensa, la Fiscalía se ha encontrado con pagos millonarios a una amplia red de políticos italianos para que apoyaran la operación por Antonveneta, que finalmente fracasó, permitiendo a la entidad holandesa ABN Amro lanzar su propia OPA.
La Fiscalía estudia la creación de un lobby político interesado en las operaciones bancarias y una red de intermediarios y testaferros creada por el mismo Fiorani para gestionar las relaciones con los políticos, así como los pagos habrían salido de las cuentas del ex presidente de BPI.
Hoy se reunen las fiscalías de Milán y Roma, que se ocupan de las operaciones Antonveneta, del grupo editorial RCS y la OPA de Unipol sobre el Banco Nazionale del Lavoro, para contrastar informaciones entre las fiscalías de Milán y Roma.
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