Las CC.AA. del PP estudian recurrir ante el TC el Plan de Vivienda por invadir sus competencias

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Plan de Vivienda 2005-2008, al invadir sus competencias a través de la financiación de las actuaciones urbanísticas, anunció hoy el portavoz del PP en el Senado, Juan Manuel Ballesteros.

Ballesteros advirtió que si el Ministerio de Vivienda no modifica el borrador del nuevo plan en el plazo de alegaciones, el PP y las comunidades autónomas gobernadas por este partido tienen "muchas posibilidades" de recurrir el texto por intromisión a las competencias de las comunidades autónomas.

"El Plan de Vivienda es insuficiente, muy poco flexible, intervencionista y que pretende usurpar las competencias de las comunidades autónomas a través de la financiación", precisó el senador popular, quien explicó que el Ministerio de Vivienda se niega a financiar una actuación que no esté en línea con el nuevo texto. "No se da ningún duro si no se hace lo que dice el Ministerio de Vivienda", apuntó Ballestero, quien calificó esta postura por parte del Gobierno de "chantaje".

En concreto, indicó que uno de los puntos que puede ser inconstitucional es el que obliga a las comunidades autónomas a ampliar la calificación de la VPO a la vida útil de la casa, frente a una media actual de 15 años.

Ante estas declaraciones, la titular de Vivienda respondió, en su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que la calificación de la VPO durante su vida útil es un "compromiso electoral" del PSOE y un "mandato" derivado de una comisión del Congreso de los Diputados.

"No hay posibilidades para que el Gobierno vaya a invadir las competencias de las comunidades autónomas, porque creemos en un Estado de autonomías", apostilló, y añadió que desde el Ministerio de Vivienda no se van a elaborar nunca iniciativas que invadan las competencias de los gobiernos regionales.

En este sentido, recalcó que la política de vivienda del Gobierno persigue reforzar las iniciativas de las comunidades autónomas, así como complementar sus actuaciones previstas, sumar esfuerzos y dinamizar el mercado.

"La calificación de una vivienda protegida actualmente la realiza el Gobierno por un periodo de tiempo y no es inconstitucional, si no es inconstitucional 10 años ¿Cómo lo va a ser 15 ó 20 ó 40 ó 90 años?", aseveró y añadió que "en las tipologías propias de vivienda, los gobiernos regionales tienen amplia competencia exclusiva para determinar lo que consideren más oportuno".

Asimismo, señaló que esta medida es necesaria para crear un parque de viviendas protegidas en España, lo que permitirá en un futuro a los jóvenes tener más facilidades para acceder a una vivienda y recodó que el texto recoge la posibilidad de transmitir la vivienda después de diez años y bajo unos criterios de mayor flexibilidad a las circunstancias de los propietarios, pero con un mayor control para evitar el fraude en su venta.

Financiación de actuaciones

Igualmente, subrayó que el caso de que el Gobierno no financie a una comunidad autónoma una actuación urbanística al no seguir su línea marcada "no es nada nuevo", apostilló, y precisó que la Comunidad de Madrid no obtuvo ningún pago por parte del anterior Ministerio de Fomento para financiar la construcción de tipologías de viviendas propias no recogidas en el plan nacional.

El consejero madrileño de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, denunció que ante este criterio la Comunidad de Madrid no obtendrá ningún tipo de ayuda del Plan de Vivienda, y puso de manifiesto su contradicción con el Plan de Vivienda Joven que desarrolla la región, ya que, según explicó, el Ministerio pretende retirar las ayudas a las viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra.

Respecto a este punto, la ministra explicó que esa tipología de vivienda no fomenta el alquiler sino la compra de una casa, y que, según sus datos, el importe de adquisición es superior al precio de una VPO. "Es una mala comprar para los jóvenes españoles", aseveró, y añadió que el precio de un piso de esta variante con 55 metros cuadrados útiles registra un incremento anual del 15% respecto al de una VPO. No obstante, recalcó que el Plan de Vivienda 2005-2008 incluye un apartado específico de actuaciones dirigidas a los más jóvenes.

Plazo de alegación breve

La mayoría de los consejeros de Vivienda y Urbanismo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP denunciaron en la Comisión el plazo tan breve que tienen los gobiernos regionales para presentar las alegaciones al Plan de Vivienda. En concreto, el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, consideró los siete días para presentar las alegaciones como un plazo "insuficiente" para alcanzar un consenso y diálogo con las comunidades autónomas.

"Siete días son insuficientes para presentar las alegaciones a un trabajo que se ha elaborado durante ocho meses" indicó el senador del PP Ballesteros, quien señaló que el Ministerio ha pedido la consulta a las comunidades pero no la coordinación con ellas. Por ello, instó a Trujillo a alargar ese periodo de alegaciones.

Ante este planteamiento, la titular de Vivienda señaló que el plazo de alegaciones es el marcado por la legislación y además lo consideró "suficiente", ya que, según explicó, desde enero las comunidades autónomas han estado participando oficialmente en la elaboración y diseño de este borrador, al igual que los ayuntamientos y otros agentes sociales.

"Con un periodo de cinco meses de trabajo, desde luego que no será por que una comunidad autónoma no haya podido realizar una observación al texto", precisó la titular, y apuntó que la ejecución de este Plan de Vivienda va con retraso, pero que merece la pena si se logra un consenso con todas las regiones y colectivos sociales. "No obstante, estamos en un periodo razonable y todavía se están financiando planes de los años 80", aseveró.

La titular de Vivienda realizó un repaso de la política de su Ministerio, en la que hizo hincapié en la creación de la Sociedad Pública del Alquiler, la elaboración de un Pacto Estado sobre suelo, y la reforma de la Ley del Suelo para evitar la especulación. Asimismo, recalcó las iniciativas para la rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades y el impulso a la arquitectura española a través de exposiciones.