La Audiencia Nacional aplaza al lunes el juicio contra Botín por las jubilaciones millonarias
El tribunal da así tiempo a las partes para estudiar una prueba presentada por la defensa
Aunque hoy debía haber comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra el presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, José María Amusátegui, y Ángel Corcóstegui, la Audiencia ha decidido suspender hasta el próximo lunes el juicio para que las partes tengan tiempo para estudiar una nueva prueba presentada por la defensa.
Los tres directivos están acusados por las elevadas retribuciones que Amusátegui, el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, y Corcóstegui, el ex vicepresidente, cobraron cuando dejaron el banco. La prueba pericial supuestamente demuestra que los pagos a Amusátegui y Corcóstegui no supusieron perjuicio al banco ni a los accionistas.
Botín, principal encausado
El presidente del primer banco del país, de 70 años de edad, se enfrenta a una pena de 6 a 12 años de prisión. Los dos antiguos altos responsables del SCH podrían ser condenados a entre 4 y 8 años de prisión. La fiscalía, en cambio, ha adelantado que pedirá la absolución de los tres acusados, al considerar que no hay indicios de delito. El ministerio fiscal ya había pedido en varias ocasiones el archivo del caso.
El juicio se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida magistrado Antonio Díaz Delgado y formada por Raimunda de Peñafort Lorente Martínez y Luis Antonio Martínez de Salinas, que actuará como ponente.
Díaz Delgado preside la sala después de que el pasado lunes la Audiencia Nacional decidiera sustituir al juez Javier Gómez Bermúdez como presidente del tribunal que juzgará al presidente del Banco de Santander.
La Sala de Justicia, integrada por el presidente de la Audiencia y otros ocho magistrados, decidió aceptar parcialmente la recusación presentada por un miembro de la acusación, el abogado y ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, que fue condenado en su día por la gestión de dicha entidad junto a Mario Conde.
Desde 2002
La instrucción de este caso comenzó cuando Amusátegui y Corcóstegui dejaron el banco cobrando sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, en 2001 el primero y el año siguiente el segundo.
Las querellas que dieron inicio al caso fueron presentadas por el abogado Juan Francisco Franco Otegui, accionista del banco, por el pago a Amusátegui, y por Pérez Escolar, que denunciaba por su parte la salida de Corcóstegui.
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