Narbona calcula que el plan del Gobierno para cumplir con Kioto costará 85 millones al año

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que cuantifica los derechos de emisiones contaminantes de varios sectores y que permitirá a España acercarse al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la firma del Protocolo de Kioto. La ministra de Medio Ambiente ha adelantado que la aplicación del plan supondrá un coste máximo de 85 millones de euros anuales para los sectores incluidos en la Directiva europea.

El Gobierno da así luz verde a un conjunto de medidas destinadas a que las emisiones no aumenten más de un 24% en el periodo 2008-2012 con respecto a las de 1990. El plan, que se remitió a la Comisión Europea a principios de agosto, cuantifica los derechos de emisión de cada uno de los sectores incluidos en la Directiva: generación eléctrica, refino de petróleo, siderurgia, cemento y cal, industria cerámica, vidrio y papel.

Además, incluye medidas para reducir las emisiones en los sectores no regulados, como el transporte, la edificación o la agricultura.

El documento definitivo asegura que se estudiarán medidas para reducir la velocidad del transporte, pero a diferencia del último texto conocido no habla de rebajar los límites actuales.

Los sectores afectados recibieron el plan con división de opiniones, a la espera de conocer el reparto por instalaciones, mientras que las organizaciones ecologistas lo calificaron de "coherente" y "paso adelante". Por suparte, el PP ha señalado que aunque comparte los objetivos de reducción de emisiones, teme los efectos en la economía y el empleo.

Aplicación del Plan de Emisiones

En cuanto al coste de la aplicación del plan, que la ministra de Narbona ha situado en 85 millones de euros anuales, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha precisado que el coste puede ser menor, ya que se ha calculado tomando como referencia un precio de los derechos de emisión de 10 euros por tonelada, mientras que ayer cotizaban a 8,60 euros por tonelada.

Narbona ha asegurado, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el plan es "completamente asumible" para las empresas y no supondrá "ningún tipo de problema en términos de creación de empleo o actividad económica".

Los responsables de Medio Ambiente mantendrán una reunión técnica de coordinación con las Comunidades Autónomas el próximo 7 de septiembre, a la que asistirán representantes de los ministerios de Economía e Industria, para organizar la recepción de peticiones. También está prevista la constitución de mesas de diálogo social para garantizar la participación de sindicatos y empresarios en el seguimiento del plan, medida que ha sido acogida con satisfacción por CC OO.

Objetivos

El objetivo del Gobierno es que las emisiones entre 2005 y 2007 se estabilicen en la media del periodo 2000-2002, con un incremento del 3,5% para los nuevos entrantes.

El esfuerzo adicional para cumplir el Protocolo de Kioto y la Directiva europea deberá hacerse entre 2008 y 2012. Al final de ese periodo, las emisiones no deberán superar en más de un 24% las registradas en 1990.

España se había comprometido a que sus emisiones contaminantes no crecieran más del 15%, por lo que la diferencia se compensará con los llamados mecanismos de flexibilidad.

El plan asigna 160,28 millones de toneladas a los sectores afectados por la Directiva, incluyendo 5,42 millones de toneladas para nuevos entrantes. Esta cifra es menor a la avanzada en el borrador inicial -161,25 millones- por la exclusión, a petición propia, de las pequeñas instalaciones cerámicas.