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Fomento anuncia que cederá terrenos portuarios en desuso para la construcción de vivienda pública

El Ejecutivo prepara un inventario de las propiedades estatales, incluidos los terrenos de Defensa y Renfe

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha anunciado esta mañana que su departamento cederá los terrenos portuarios en desuso a fin de que sean utilizados para "equipamientos sociales" y para la construcción de vivienda pública. Estos terrenos se sumarán a otros actualmente propiedad de Defensa y Renfe.

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Álvarez dijo ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados que ese es el "destino que pretendemos asignar a los espacios públicos obtenidos como consecuencia de modificar las infraestructuras portuarias o los usos de las mismas". Esta medida, que ha sido "concebida como de carácter excepcional", persigue que las autoridades portuarias destinen a este uso gran parte del suelo de dominio público sobrante que en otras ocasiones se ha visto asociado a promociones de vivienda libre.

A juicio de la ministra "hasta ahora este suelo de dominio público quedaba desafectado y se recalificaba con el fin de ponerlo a disposición del mercado de la vivienda libre, con sus consiguiente venta en subasta pública y su peligrosa incidencia en el precio de la misma". Con la actuación de Fomento se quiere paliar esta situación y conseguir que el "nuevo uso de estos suelos sea preferentemente para equipamientos públicos y vivienda pública, de acuerdo con la política de vivienda del Gobierno Socialista".

Este anuncio se suma al realizado ayer por el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, que confirmó la puesta en marcha de una decena de inversiones del Gobierno central en la región, que acuñó bajo la denominación de 'plan Zapatero', con el que los socialistas, según dijo, cumplirán "todos los compromisos del programa electoral" con el que concurrieron a las elecciones generales del pasado mes de marzo.

El Ministerio de Vivienda ya está preparando un inventario para liberar suelo junto a otros terrenos de propiedad pública en todo el Estado, que destinará a construir 90.000 viviendas sociales al año.

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