Manuel Prado ingresa voluntariamente en prisión para cumplir dos años por el 'caso Torras'

El ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal ingresó sobre las 11.00 de la mañana en el centro penitenciario Sevilla II, en la capital andaluza, para cumplir la pena de dos años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por la denominada Operación Wardbase, una pieza separada del caso Torras. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le había citado una hora antes a fin de ejecutar la sentencia.

El que fuera senador por designación real ingresó, según fuentes del centro penitenciario, en el "modulo de ingresos", sin que facilitaran otros datos relacionados con el encarcelamiento. En principio, estaba citado hoy en la Audiencia Nacional para hacer efectiva la sentencia dictada por el tribunal integrado por Siro García, Manuela Fernández y Javier Gómez. Sin embargo, envió a la cita a su abogado para comunicar su entrada voluntaria en la cárcel Sevilla II y evitar enfrentarse a la prensa.

Este tribunal le considera culpable de un delito de apropiación indebida en la operación Wardbase, que consistió en el pago al embajador en 1992 de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras, del que Javier de la Rosa era entonces máximo responsable. El embajador de España en Misión Extraordinaria en todo momento ha defendido que ese dinero se lo debía De la Rosa por negocios particulares.

Ante la sentencia condenatoria Prado y Colón de Carvajal presentó recursos ante el Tribunal Supremo y ante la propia Audiencia Nacional para no ir a la cárcel. El embajador alegó poder pagar los cerca de 30 millones de euros que se le reclamaban como indemnización, no ser reincidente, tener problemas de salud y haber sido sentenciado a una pena suficientemente reducida, pero los tribunales rechazaron todos estos argumentos.

Por esta misma operación, el empresario catalán De la Rosa y su ex compañero Jorge Núñez y Lasso de la Vega ya ingresaron en prisión para cumplir condenas que, en principio, son de cinco años y medio y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente. Ambos optaron también por no responder a la citación de la Audiencia Nacional y solicitar su ingreso en prisión voluntario un día antes de lo previsto, para evitar así la presencia de medios de comunicación.