Uriarte asegura que desconocía la estructura de las cuentas secretas en el exterior

El ex vicepresidente y ex consejero delegado del BBVA Pedro Luis Uriarte ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no tuvo conocimiento de la estructura de cuentas secretas en el exterior hasta que se inició el expediente del Banco de España, según fuentes jurídicas.

En una declaración que se prolongó durante unas cuatro horas, Uriarte ha revelado además que los consejeros procedentes del BBV que tuvieron fondos de pensiones secretos renunciaron a estos depósitos en enero del 2001, aunque en los documentos se puso como fecha el 21 de diciembre del 2000.

Este desfase de fechas, según fuentes jurídicas consultadas, podría tener consecuencias fiscales para los 22 consejeros y altos cargos que se beneficiaron de los 19,26 millones de dólares, ya que no declararon estos depósitos a Hacienda con el argumento de que este dinero se les concedió y se les retiró en el mismo ejercicio.

Según Uriarte, estos fondos se concedieron para compensar por el descenso en las retribuciones de los consejeros del BBV tras la fusión del banco con Argentaria, si bien el copresidente Emilio Ybarra le dijo que era un dinero "indisponible" que podía ser utilizado para otras cosas.

Querella

La asociación de usuarios de banca AUSBANC ha presentado querella ante el juzgado central de instrucción número 5 en la que insta su personación como acusación particular en el caso de las cuentas opacas del BBV, según han informado hoy fuentes de la citada entidad.

La querella está dirigida contra el ex presidente de la entidad, Emilio Ybarra, el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte, y el ex secretario José María Concejo.

El argumento de AUSBANC es que la actuación "presuntamente delictiva" que ha dado origen a la instrucción del caso, y "llevada a cabo por las personas que han tenido las facultades de gestión y administración en el BBVA", ha afectado directamente "a los accionistas de la entidad".

AUSBANC asegura en un comunicado que ejercita la acción penal y civil ex delicto por ser precisamente propietaria de un paquete de acciones del BBVA, y se considera "perjudicada y ofendida". En la querella, la asociación solicita al instructor que adopte las medidas oportunas de carácter patrimonial en relación con los bienes de los querellados, lo que implica "asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del proceso hasta los 6 millones de euros.