Informe de Fidalgo al Consejo Federal de CCOO

La pretensión del gobierno de promover una serie de modificaciones legislativas, que, so pretexto de racionalizar el sistema de protección al desempleo, producirá graves restricciones de derechos sociales (abaratamiento y facilitación del despido, pérdida de cobertura de importantes colectivos, expulsión de la cobertura de otros, dilución del carácter de derecho subjetivo de la protección por desempleo y apertura del contrato de inserción como punta de lanza de la vuelta a la estrategia de la precariedad) ha sido frontalmente rechazada por las organizaciones sindicales desde su anuncio hace aproximadamente un mes.

El gobierno conoce desde el momento de su primera comunicación nuestro rechazo y nuestra demanda de reconsideración de su propósito. Hay acuerdo unánime de nuestra comisión ejecutiva confederal y del comité confederal sobre la valoración y sobre lo que hoy voy a proponer y las organizaciones confederadas han tenido información y valoración puntuales y detalladas de las medidas y de la determinación del gobierno.

A pesar de la intención del gobierno de derivar el debate hacia asuntos como la poca voluntad negociadora de los sindicatos o la inconveniencia de una movilización general por este motivo, nuestros argumentos se están abriendo camino incluso más allá del mundo del trabajo.

La actitud arrogante del gobierno cuando afirma que no se trata de recortes de derechos, que esta reforma se hará con o sin acuerdo y el discurso descalificatorio hacia los parados y hacia los trabajadores de algunas comunidades autónomas donde la población dedicada a trabajos agrarios sufrirá un impacto aún más negativo de llevarse a cabo la reforma anunciada, están provocando una justificada irritación y contribuyendo a generar un clima más favorable aún para una contestación dura a este paquete de recortes de derechos.

Este gobierno, que había basado gran parte de los éxitos de su gestión en el crecimiento del empleo y en el mantenimiento de los sistemas de protección social que se acompañaban del diálogo y la concertación social ve esfumarse todas estas facetas en las que exhibía las claves de la paz social.

Los preocupantes y recientes datos sobre inflación y paro y la quiebra del diálogo social son posiblemente las dos inquietudes que han hecho que la plana mayor del gobierno y del Partido Popular con un nerviosismo evidente muestren modales irritantemente autoritarios y utilicen como argumentos la descalificación y el insulto.

No ha habido por parte del gobierno intención alguna de discutir con los sindicatos sobre mejoras de la protección al desempleo, a lo que se le ha invitado desde hace cuatro años, con propuestas que hemos tenido que publicitar ante la insidia reiterada de que no tenemos alternativas a sus propuestas. Nuestras propuestas de mejora de la cobertura al desempleo, dada la paradoja de excedente de caja del INEM y desprotección de casi la mitad de los parados, tienen lógica social y económica. El Gobierno ha presentado sus medidas con la intención de anunciar su propósito. Por lo tanto ni en el fondo ni en la forma esto es negociable.

El día 7 de mayo en una carta prolija y argumentada el secretario general de UGT y yo mismo le hicimos llegar al presidente del gobierno nuestras razones y su respuesta no fue ni prolija ni razonada precisamente, sino superficial y despreocupada. Hace dos días que el ministro de trabajo nos convocó para reiterarnos que las propuestas no se retiraban.

El movimiento sindical español, y en particular CC.OO., ha estado y sigue estando profundamente comprometido con el diálogo y la concertación y continuamente proclive a acordar reformas que impulsen en simultáneo el empleo estable, seguro y con derechos y el crecimiento de un tejido productivo sano y competitivo.

Estamos convencidos de que ahí se centra la demanda mayoritaria de la sociedad española y europea y estamos seguros de que dando otro impulso a la degradación de la calidad del empleo, como pretenden las medidas del gobierno, ni mejorará la productividad del trabajo y la competencia de las empresas, como señala nuestra balanza comercial, ni se cimentará una sociedad cohesionada y segura.

Nuestro modelo social y nuestras aspiraciones están en las antípodas de lo que prefigura el paquete de recortes sociales anunciados. No sólo en nuestro país, en Italia, en Portugal y en otros países europeos se ven los riesgos de desequilibrio en las estrategias económicas y sociales. Dijimos el 14 de marzo en la euromanifestación de Barcelona, y lo habíamos apuntado el 6 de marzo en nuestro Consejo Confederal, que ahora estamos en una encrucijada: o impulsamos una vía de crecimiento de la economía y de la productividad del trabajo basada en la mejora de la cualificación de los trabajadores, en un incremento notable de la inversión pública y privada en tecnología, innovación, educación y formación a lo largo de toda la vida o veremos arruinado el llamado modelo social europeo y las consecuencias de la ruptura de la cohesión social harán tambalearse el necesario proceso de construcción europea.

Cuando el presidente del gobierno critica a los sindicatos por convocar la huelga general en la víspera del consejo de la UE de Sevilla y nos acusa de lesionar la imagen de España, nosotros decimos que el futuro de nuestro país no depende de la imagen, sino de la senda elegida para el desarrollo del empleo y de la cohesión social. Este futuro se está dirimiendo ahora.

CC.OO ha impulsado en las últimas cuatro semanas una ampliación campaña informativa sobre las medidas que el gobierno pretende adoptar. Las ha vinculado al modelo de política económica, fiscal, educativa del gobierno del PP y a su discurso sobre la culpabilización de parados e inmigrantes de problemas par los que no tiene respuesta. Las hemos vinculado al ataque a los servicios públicos y a los derechos sindicales básicos que significa la reiterada negativa al ejercicio de la negociación colectiva en el área pública.

Hemos anunciado, de común acuerdo con la UGT, que, de no retirar el gobierno íntegramente y sine die estas propuestas, llevará la confrontación a un nivel muy alto. Son medidas injustas en injustificables en términos sociales, económicos y políticos. Son recortes de derechos sin justificación económica que arrumban con la estrategia proclamada de reformas pactadas y que producirán un mal clima en las relaciones industriales e institucionales en nuestro país. La práctica totalidad de las organizaciones sindicales están en esta misma disposición.

Por todo ello, propongo a este Consejo Confederal que adopte hoy formalmente la decisión de promover y organizar el próximo 20 de junio una huelga general de veinticuatro horas, que sólo será suspendida si el gobierno procede a retirar sus propuestas. Tras esta decisión, pondremos en marchas las acciones jurídicas, organizativas y de todo tipo para garantizar el éxito de esta acción.

Para ello, todas las organizaciones confederadas deben llevar adelante los planes de trabajo acordados para llegar a todas las empresas, informando y debatiendo ampliamente sobre este asunto, sobre sus conexiones con la política económica del gobierno y sobre sus consecuencias para trabajadores y trabajadoras y para la sociedad general. Deben reforzarse las convocatorias de actos públicos previos al 20 de junio que patenticen un amplio rechazo a estas medidas. Debe denunciarse tenazmente la falta de argumentos del gobierno y sus intentos de descalificar la huelga general, que es un instrumento legal y legítimo de defensa de intereses laborales y sociales. Todo esto debe promoverse con el carácter unitario que emana de nuestra coincidencia en los análisis y en la determinación con la Unión General de Trabajadores y con otras organizaciones sindicales que se adherirán a esta movilización.

A partir de hoy se difundirá el manifiesto unitario donde exponemos nuestras razones y todas las organizaciones tienen ya y tendrán en su poder material informativo y gráfico necesario para la organización de la huelga general en cada fase del proceso de preparación.

El Consejo Confederal de CC.OO debe mostrar hoy la máxima determinación y unidad. El gobierno y toda la sociedad española deben asumir que, de no retirarse el paquete de medidas que rechazamos, el movimiento sindical y en particular CC.OO no cerrará este conflicto. Es el momento de impulsar con decisión otra senda de crecimiento y reparto de la riqueza, de incremento de la estabilidad y seguridad en el empleo, de consolidación del Estado social y de búsqueda de nuevos cauces para el diálogo y el acuerdo sobre estos objetivos. Es el momento de impedir un retroceso de los derechos y de invitar a los trabajadores y a todos los ciudadanos a ue de forma contundente, masiva y pacífica se movilicen para que el gobierno rectifique.

CCOO nunca ha faltado a la cita de los grandes acuerdos donde se han materializado nuevos derechos laborales o sociales como tampoco ha dimitido nunca de la lucha contra los recortes de esas conquistas.

Difundamos nuestros argumentos con claridad y convicción, trabajemos de forma metódica unitaria y tenaz. Esa es al garantía de nuestro éxito del que tantas cosas y personas dependen desde hoy.

Madrid, 23 de mayo de 2002

José María Fidalgo Velilla

Secretario General de la C.S. de CC.OO