De la Rúa cierra un acuerdo con las provincias peronistas para el reparto de impuestos

El Gobierno radical de Fernando de la Rúa ha dado un importante paso político para la puesta en marcha de su plan económico. El Ejecutivo argentino y las provincias gobernadas por los peronistas de la Alianza han llegado esta tarde a un acuerdo sobre la distribución de los fondos coparticipables, según ha anunciado el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.

"El acuerdo está cerrado", ha dicho Colombo a los periodistas, tras haberse reunido con los mandatarios aliancistas en la Casa de Chubut en esta capital.

El conflicto tiene su origen en los recortes que aplica la administración central sobre los recursos que corresponden a las provincias en virtud del régimen de coparticipación fiscal, con el objetivo de cumplir la política de "déficit cero", que impide al Estado gastar más de lo que ingresa por impuestos.

El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, ha confirmado también el acuerdo logrado entre la Nación y los gobernadores de la Alianza por el cual el Poder Ejecutivo se compromete a pagar lo que adeuda de coparticipación federal en un 60% en efectivo y un 40% en bonos Lecop.

"Las provincias hemos obtenido un avance respecto de lo anterior, disminuye el monto de la deuda y vamos a recibir más recursos en pesos y no en bonos", ha asegurado Ibarra al salir de la reunión.

Además de los gobernadores y de Colombo, han participado del encuentro el ministro del Interior, Ramón Mestre, y los diputados Darío Alessandro, Horacio Pernasetti y Raúl Baglini, entre otros.

"Unidad política"

Horas antes del acuerdo, el presidente Fernando De la Rúa adelantó que era "muy importante que el acuerdo con los gobernadores" esté firmado antes de su viaje a los Estados Unidos, para demostrar que existe "unidad política y coincidencia de todos".

De la Rúa se mostró "convencido" de que habría entendimiento entre la administración central y los distritos federales por la distribución de impuestos, un conflicto que viene siendo objeto de intensas negociaciones desde hace más de veinte días.

Los gobernadores, tanto de los partidos que apoyan el Gobierno como de la oposición, sostienen que el Gobierno ha violado el último pacto fiscal suscrito el año pasado, que fijó un "piso" de 1.364 millones de pesos (o dólares) mensuales.

El acuerdo con los gobernadores es considerado clave para que el plan económico que lanzó la semana pasada el presidente de la Rúa tenga sustento político.