La Junta de Andalucía da un giro y cree nulas las ayudas del fondo de los ERE a empresas

Giro de 180 grados de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE. Desde la semana pasada, el Ejecutivo de José Antonio Griñán considera nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para compañías en crisis, dotado con 647 millones. Es decir, la Junta reclama ahora por carta a los empresarios beneficiados que devuelvan los 65 millones entregados de manera discrecional y sin control a posteriori en subvenciones directas, según cifró la agencia pública Idea.

La decisión significa un vuelco de las tesis del Ejecutivo, que defendió la legalidad de las ayudas y ahora se alinea con la juez del caso, Mercedes Alaya, la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consideran que el procedimiento administrativo que sustentó las ayudas es ilegal.

La Junta envió una carta a los empresarios la semana pasada. En ella informa del "procedimiento de revisión de oficio" de las subvenciones y les da un plazo de 10 días para que aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. La Consejería de Empleo se apoya en el mismo artículo que ya fijó el TSJA en dos sentencias recientes sobre sendas ayudas, el 62.1.e de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas: "Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho [siendo] dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Fuentes de la Junta quitaron hierro a la medida y matizaron que dicho artículo sobre la nulidad "es la única forma que hay para fundamentar la apertura de una revisión del proceso". "Estamos al comienzo de un largo y complejo proceso", añadieron. Tras el trámite de audiencia a los empresarios, el Consejo Consultivo de Andalucía emitirá un informe sobre cada ayuda para determinar su pertinencia y legalidad. De este modo, el Gobierno andaluz reclama el dinero entregado y en cierto modo culpa a los empresarios por recibir el dinero mal administrado por el Gobierno, de ahí la excepcionalidad de la medida. Si la Junta sigue la tesis de la juez, reclamará el total de los 647 millones del fondo, ya que la magistrada considera ilegales tanto las ayudas directas como las de los ERE.