Oxígeno a las inmobiliarias para evitar las quiebras

El decreto ley de saneamiento del sector financiero pretende que las entidades recojan en sus balances los activos inmobiliarios a su verdadero valor. Pero a la vez, en una disposición adicional, permite a las inmobiliarias aplazar sus problemas para intentar evitar quiebras.

El Gobierno de Rajoy copia así una medida del de Zapatero por la cual se permite no computar las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias a los efectos de determinar las pérdidas para la reducción de capital de una empresa o establecer si entra en causa de disolución.

Incurren en causa de disolución las empresas cuyas pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social. En diciembre de 2008, y para contener el alud de quiebras en el sector inmobiliario por la caída de valoraciones, el Gobierno estableció una moratoria de dos años a esa norma.

Tras dos años, la situación se había agravado y el Gobierno, de acuerdo con el PP, prorrogó la moratoria para 2010 y 2011. Ahora se concede un año de gracia más. El régimen "se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley", según señala la disposición adicional quinta de la norma publicada el sábado en el BOE.

Efecto contable

Con ello, las empresas que vean reducido su capital social por ese tipo de pérdidas (asociadas principalmente a las inmobiliarias) siguen sin tener la necesidad de abordar la liquidación de la empresa, la aportación de más fondos por los socios o la reducción del valor de la misma. En todo caso, el efecto es solo contable y no ha evitado que muchas empresas del sector entren en concurso de acreedores ante la falta de liquidez para hacer frente a sus deudas.

El decreto ley, por otro lado, también facilita a la banca pedir dinero prestado al Banco Central Europeo (BCE) al flexibilizar los requisitos técnicos relacionados con las garantías.

Según el Gobierno, eso reducirá el coste operativo y "repercutirá favorablemente en las operaciones que las entidades financieras llevan a cabo con el Eurosistema, destacando, en especial, una mayor facilidad operativa para recibir financiación del mismo". La medida facilita pedir dinero al BCE usando como garantía deuda, depósitos, hipotecas, préstamos y créditos en vísperas de la que se espera sea la mayor inyección de liquidez de la institución.