La policía detecta en las uniones de hecho un coladero de inmigración ilegal

La policía ha detectado un coladero de inmigración ilegal: las uniones de hecho. Solo en la provincia de Barcelona, un millar de parejas cuyas características levantaron sospechas -por no hablar el mismo idioma, repetidas uniones anteriores de uno de los dos miembros...- fueron sometidas a entrevistas especiales en 2011. En el 80% de los casos, explican fuentes policiales, la uniones eran convenidas, por lo que se suspendió el proceso de regularización de la situación en España de los ciudadanos extracomunitarios.

Las cerca de 800 parejas falsas detectadas el año pasado multiplican por 20 la cuarentena de 2010, cuando no bastaba registrarse como pareja de hecho para regularizar a un extracomunitario. En 2010, las parejas sospechosas ascendieron a 190, en este caso tras casarse por lo civil o por la Iglesia, de las que apenas el 20% resultaron ser convenidas.

La explicación del incremento radica en un cambio normativo que entró en vigor en noviembre de 2010. Desde entonces, las parejas de hecho de personas de la Unión Europea pueden pedir un documento, la tarjeta de familiar de ciudadano comunitario, que da permiso para residir y trabajar en España, y moverse por Europa.

Antes, podían pedirlo los matrimonios. La vía canónica y la civil suponen más exigencias, aseguran fuentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental. "Hay una entrevista, un expediente y, en el caso de las uniones civiles, un juez que lo supervisa", indican. Para inscribirse como pareja de hecho en un Ayuntamiento, basta con estar empadronado en el municipio, ser mayor de edad y acreditar que se es soltero. "Hacen falta unos registros centralizados, que sirvan como herramienta eficiente para luchar contra el fraude", piden esas mismas fuentes.En la actualidad, es posible que una persona esté inscrita en varios Ayuntamientos con diferentes parejas, lo que al final se traduce en un aumento de las solicitudes de las tarjetas de familiar de ciudadano comunitario (la delegación de Gobierno no ha facilitado la cifra). Por eso la policía y la subdelegación del Gobierno en Barcelona han acordado trabajar conjuntamente y revisar los casos sospechosos, según un documento al que ha tenido acceso este diario, con el fin de "poder levantar un teléfono directamente cuando haya alguna duda", resumen fuentes policiales.

Además, varios municipios alertados por el problema han decidido suprimir los registros. Desde enero, el de Barcelona ya no existe. También se han eliminado en Sabadell, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Salt, y Banyoles. Otros Ayuntamientos, como el de Blanes y el de Figueres, estudian cómo controlar o limitar las normas de inscripción, debido al aumento considerable de parejas de hecho.

"Tampoco se deben eliminar los registros", insisten esas fuentes policiales, que han observado que a medida que se suprimen en unos Ayuntamientos, grupos de inmigrantes se trasladan de forma organizada a otras ciudades que todavía lo mantienen, como ha pasado con Les Franqueses del Vallès, o incluso a otras subdelegaciones que puedan estar menos atentas al problema. "Tiene que haber al menos un registro para no incumplir la norma", añaden, pero endureciendo los criterios (un tiempo mínimo de convivencia) y con personal formado para detectar qué documentos o sellos no son auténticos.

El cambio de criterio deriva de una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2010. La organización Andalucía Acoge denunció que España era más restrictiva que otros países de la Unión Europea al aplicar la directiva que regula los derechos de los ciudadanos y sus familiares. El real decreto español establecía que las uniones de hecho solo se admitirían para regularizar la situación si la inscripción simultánea en dos o más registros era imposible, algo que en España no se cumple. Pero el Supremo dio la razón a los denunciantes y admitió que las parejas de las uniones de hecho registradas en Ayuntamientos pudiesen acceder a la tarjeta de familiar de comunitario.

"El espíritu de la norma es bueno y ajustado a derecho. Hay que ser respetuoso con los derechos de los demás", defienden esas mismas fuentes. Pero tal como funciona ahora, "estamos llenando Europa de trabajo sumergido", señalan, en referencia a los que se regularizan en España y se trasladan a otros países de la Unión Europea.

Cada caso es un mundo y la policía se las ha visto de todos los colores en los últimos tiempos. En sus entrevistas, los agentes se encuentran con personas que directamente admiten el engaño. Si no se ha falsificado ningún documento, como el de soltería, penalmente no tiene más trascendencia.

Pero en algunos casos hay organizaciones criminales detrás. Entre octubre y diciembre, la policía detuvo a 31 personas por favorecer la inmigración ilegal, falsificar documentos y cometer un delito contra las relaciones familiares.

Los contrayentes interesados en regularizar su situación suelen pagar entre 500 y 3.000 euros por formar parte de una falsa pareja de hecho. Aunque hay casos en los que los intercambios son de otro tipo. Una mujer, recuerda un mando policial, accedió a inscribirse como pareja de hecho de un ciudadano de origen paquistaní. A cambio, el hombre le permitía cada día llenar el carrito de la compra en su supermercado.