El robo de bebés se hace creíble

La sociedad vasca comienza a digerir la posibilidad de que en los primeros años de la democracia y durante el franquismo se llevara a cabo el robo de bebés en hospitales y clínicas. No resulta fácil asimilar que un acto tan grave penado por la ley como la sustracción de un recién nacido a su madre tras dar a luz para darlo en adopción a otros padres, haya podido ocurrir hace escaso tiempo, en los años noventa, según varias denuncias interpuestas de casos que ocurrieron en esa época.

Instituciones, jueces, fiscales, forenses, policías científicos de la Ertzaintza, entre otros organismos, han tomado conciencia del impacto que empiezan a tener en la sociedad las denuncias de cientos de familias que quieren saber la verdad y encontrar a sus allegados. En Euskadi se han registrado ya más de 600 supuestos casos de robos de bebés. Según cifras de la Fiscalía General, en Gipuzkoa se han interpuesto 126 denuncias, de las que se han archivado 10; en Álava son 31; y en Bizkaia se han registrado 48 denuncias investigadas por los juzgados y otras 28 por la fiscalía, de las que se han archivado 21.

Las exhumaciones suponen un antes y un después en las investigaciones

Uno de los mayores obstáculos es el acceso a informes médicos y resgistros

La orden dictada por los jueces para la ejecución de tres exhumaciones; dos en Gipuzkoa, en los cementerios de Polloe (San Sebastián) e Itsasondo, y una en Bizkaia, en Derio, ha supuesto un antes y un después en la investigación de la supuesta trama de robos de bebés. "Es un paso importante porque viene a constatar un elemento vital; si no hay restos, hay delitos", asegura el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.

Si algo han ofrecido los desenterramientos es credibilidad a muchas familias. La apertura de los féretros y la constatación de que su interior se encontraba vacío, sin restos óseos, ha traído una mezcla de sosiego y angustia entre los afectados que buscan a sus hijos, hermanos o padres. "Nos ha servido para decir que no estamos locos por querer buscar a nuestra hermana Rebeca", señala Cecilia Losa. Esta periodista, portavoz de la familia, protagonizó junto a sus otros nueve hermanos la primera exhumación en Gipuzkoa. Desde entonces no han cejado en su empeño por salir juntos en los medios de comunicación para hacer un llamamiento y encontrar a su hermana. "Hemos recibido algunas llamadas y la Ertzaintza está investigando la información recibida", adelantó ayer a este periódico.

Las últimas revelaciones en los casos de robos de bebés no solo han disparado el número de afectados sino que han servido para que las administraciones y partidos políticos pasen a la acción y hagan pública su respuesta en el esclarecimiento de las adopciones irregulares de recién nacidos. A finales de enero, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, anunciaba la constitución de una Comisión interdepartamental para coordinar los esfuerzos de Sanidad, Interior y Justicia. El Departamento de Justicia llevaba desde el pasado año diseñando un protocolo que facilite la colaboración y el acceso de información a los afectados. Además, los casos de robos de bebés también han llegado a la Eurocámara. La parlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, solicitó esta semana la "implicación, apoyo y sensibilidad" para averiguar "quiénes han sido los responsables porque han delinquido y merecen un castigo".

En Bizkaia, el caso de la exhumación de Derio es el que está en un proceso judicial más avanzado al declarar como imputado un ginecólogo.

Además, este mes se prevé que declaren en calidad de imputados un ginecólogo y una matrona por su presunta implicación en un caso ocurrido en 1975 en el Hospital Donostia, antes Residencia Nuestra Señora de Aránzazu. Las declaraciones de testigos serán cruciales para destapar a los implicados y reproducir el modus operandi de muchos de los casos.

Uno de los mayores obstáculos para los afectados, según SOS Bebés Robados y Anadir, es la dificultad para acceder a documentos -historiales clínicos y legajos de aborto-, requeridos para solicitar la apertura de una investigación judicial. Osakidetza, por ejemplo, ha recibido hasta 416 demandas de historias médicas relacionadas con los supuestos robos de bebés.

Desde hace un año, cuando empezaron a darse las primeras denuncias, SOS Bebés Robados ha venido denunciando la desaparición de mucha documentación como los legajos de aborto anteriores a 1975 del Registro Civil de San Sebastián que supuestamente desaparecieron tras una mudanza en 2001. Aunque el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, afirmó esta semana que una bomba de ETA colocada en los años setenta en las instalaciones de un registro destruyó parte de los documentos que facilitarían la investigación sobre los bebés robados al poco de nacer. En el caso del Registro Civil de Bilbao, sin embargo, se han clasificado y ordenado documentos desde 1939, a excepción del año 70, donde figuran como extraviados.

Los llamamientos de las familias de los afectados para que los hijos adoptados que tengan dudas o sospechen de irregularidades den un paso al frente, aunque sea de forma anónima, son constantes. En este sentido, la familia Losa Ocáriz reconoce que no se puede generar una alarma social. "No se trata de cargar contra los padres adoptivos. Por eso, tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad porque ni mucho menos todos los niños adoptados son casos de niños robados", aclara.

Las investigaciones sobre robo de bebés han abierto múltiples interrogantes. Entre ellos, la posibilidad de la prescripción de los casos pero la Audiencia de Gipuzkoa, donde menos se están archivando, ha entendido que los delitos no están prescritos y que habrá casos en los que se podrá abrir una investigación para descubrir dónde se encuentran esos niños que hoy tendrán 30, 40 o 50 años.