Más vale tarde que nunca

La última reforma bancaria de España se merece dos hurras. El país ha reconocido por fin las secuelas de su crisis inmobiliaria exigiendo a las entidades crediticias que reserven 50.000 millones de euros adicionales para hacer frente a posibles pérdidas en sus 323.000 millones de euros de exposición a los promotores inmobiliarios. Aunque esto ayudará, el deterioro de la economía hará que se necesiten más provisiones. Los bancos más grandes pueden afrontarlo, pero el Estado seguirá asumiendo riesgos por una parte de la limpieza.

El colchón adicional duplicará la cobertura total de los préstamos inmobiliarios de cobro dudoso hasta llegar al 55%, según cálculos de Cheuvreux, lo cual parece una amortiguación decente. Pero esa cifra se basa en las cifras de los balances generales de junio de 2011, y la situación se ha deteriorado desde entonces. Aunque el Gobierno también ha pedido que los bancos reserven unos 10.000 millones de euros frente a activos inmobiliarios no morosos, la decadencia económica de España hace que los préstamos problemáticos sigan acumulándose (y no solo en el sector inmobiliario).

Los bancos españoles cotizados, que representan el 65% del sistema, tendrán que encontrar otros 18.000 millones de euros más en provisiones y capital, según cálculos de Barclays Capital. Los grupos grandes como Santander y BBVA pueden soportar la carga, aunque puede que tengan que posponer la limpieza hasta el plazo tope de junio que han establecido los reguladores europeos para aumentar los porcentajes de capital. Bankia, que algunos analistas calculan que tiene que hacer frente a unas provisiones adicionales de 5.000 a 7.000 millones de euros, afirma que puede recaudar los fondos por sí sola, pero esto es más cuestionable.

El Gobierno también está intentando estimular la consolidación dando a los bancos que se fusionen un año más para conseguir las provisiones. Esto ayudará a entidades crediticias nacionales como Banco Popular y Banco Sabadell, que ya están en proceso de unirse a otros bancos, y proporcionará un incentivo a los actores fuertes para que adquieran a los más débiles. Eso reduciría el coste de los rescates financiados por los contribuyentes. Sin embargo, como los bancos que se fusionen también tendrán la opción de recibir capital del fondo de rescate de España, el Gobierno todavía tendrá que contribuir. Y la venta de las nacionalizadas también supondrá una carga adicional si incluyen esquemas de protección de activos, como en la venta de la CAM.

A corto plazo, las nuevas normas no animarán a las familias y a las empresas excesivamente endeudadas a solicitar más préstamos. Y es improbable que los inversores internacionales vuelvan a menos que España pueda demostrar que su deuda soberana está bajo control y ponga en marcha otras reformas económicas. Pero, en última instancia, el sistema financiero de España debería salir reforzado de una limpieza que debería haberse hecho hace tiempo.