Los consejos comarcales, en vilo

"Hay que poner sobre la mesa si todos los consejos comarcales están hoy justificados y si deben prestar o no los mismos servicios", planteó hace unos días la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Con esta premisa, la Generalitat planea una amplia y ambiciosa reforma de las entidades locales que busca definir las competencias de Ayuntamientos y consejos comarcales para evitar duplicidades.

La medida más vistosa podría ser la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès, una pretensión que la Generalitat ha insinuado en más de una ocasión, pero por extensión podrían verse afectados otros que comparten servicios parcialmente con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como los del Maresme, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental.

Sus defensores reivindican el papel de ayuda a pueblos pequeños

Las 41 entidades locales manejan 580 millones de presupuesto

Ortega no quiere que sean instrumentos de contrapeso político

Los consejos comarcales tienen 3.000 empleados y 1.053 cargos políticos

Los consejos comarcales se muestran dispuestos a reorientar estos organismos, pero se oponen a su supresión, especialmente los de zonas rurales, que reivindican su papel a la hora de ofrecer servicios compartidos para los municipios pequeños, que de otra forma no disfrutarían de ellos.

En Cataluña existen 41 consejos comarcales, que cuentan con un presupuesto global de 580 millones de euros para este año, de los cuales 550 se destinan a cubrir los servicios que ofrecen: transporte escolar, becas de comedor, gestión de residuos, asistencia técnica especializada a los Ayuntamientos, etcétera.

El papel de los consejos comarcales en el futuro ha saltado a la palestra en los últimos meses, al mismo tiempo que se replantea la necesidad de tener tantos niveles de administración (Ayuntamientos, consejos, diputaciones y Generalitat, además de la AMB en la conurbación barcelonesa). La Generalitat está empezando a dar forma a la nueva Ley de Gobiernos Locales y Haciendas Locales, que podría estar lista en verano, con el objetivo de "reducir el modelo de las Administraciones a su justa dimensión", apuntó Ortega el pasado miércoles, en el marco del foro comarcal organizado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) en Girona.

En concreto, la vicepresidenta planteó "dimensionar" los consejos comarcales, los únicos en los que la Generalitat puede intervenir, ya que las diputaciones dependen del Estado. Para el presidente de la ACM, Miquel Buch, la pregunta clave no es si se deben suprimir consejos, sino qué servicios y competencias debe ofrecer cada uno.

Buch pone el acento especialmente en el papel de asistencia de estos organismos, que permite que los municipios más pequeños puedan, por ejemplo, disponer de técnico en medio ambiente o arquitecto. En una reflexión publicada el viernes en su web, Buch recuerda que de los 947 municipios catalanes, más de la mitad tienen menos de 1.000 habitantes. "¿Pueden municipios como Llorac (107 habitantes) o Solivella (678) ofrecer servicios en políticas activas de ocupación?", se pregunta el dirigente municipalista en su espacio digital, y responde que esta prestación la cubre el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà (a la que pertenecen ambas poblaciones), que dispone de un vivero local de empresas. Los consejos comarcales no se cierran a plantearse su reforma, pero coinciden en apuntar que el debate debe estar acompañado de un estudio profundo y riguroso del territorio, y exigen que no se les mida a todos por el mismo rasero. "No son iguales las necesidades y los servicios del área metropolitana que los de áreas rurales o el Pirineo", reivindica Joan Ubach, presidente del Consejo Comarcal del Pallars Jussà, quien rechaza que se produzcan duplicidades de competencias. Joan Ubach considera que las duplicidades de competencias "en las zonas metropolitanas sí se dan, pero no en los consejos con municipios pequeños"El presidente de esta comarca pirenaica -formada por 14 municipios, de los cuales solo tres superan los 1.000 habitantes- defiende que, si no fuera por las instituciones supramunicipales, los pueblos de zonas como el Pirineo no podrían disponer de muchos servicios y echa mano de un ejemplo todavía más reciente: durante la actual ola de frío, es el consejo comarcal el que se encarga de echar sal en las carreteras de titularidad catalana.

Joan Roca, presidente del Consejo Comarcal de Osona, opina que el debate alrededor de los consejos es "espinoso" y "delicado", y reconoce que "no todos los consejos deben tener las mismas competencias". "Cuanto más te alejas del área metropolitana, más necesarios son los consejos", defiende. Con todo, tanto las entidades comarcales de zonas rurales como las de áreas más urbanizadas coinciden en defender el papel vertebrador que ejerce este nivel de la Administración.

"Son imprescindibles, porque se cuidan de que todos los municipios, sea cual sea su tamaño, puedan disfrutar de los mismos servicios. Favorecen la igualdad de oportunidades", subraya Jaume Busquets, presidente del Consejo Comarcal del Gironès, una comarca que combina grandes núcleos de población con localidades de pequeño tamaño.

Pero además de revisar las funciones de los consejos comarcales, la Generalitat planea una reforma profunda de su estructura con el objetivo de despolitizarlos.

"No podemos permitir que las Administraciones se conviertan en instrumentos de contrapeso político", sentenció Joana Ortega el miércoles, y censuró que en algunos consejos "las estructuras políticas sean superiores a las estructuras técnicas". "No puede haber más directores que dirigidos", añadió. Actualmente las entidades comarcales tienen 3.000 empleados y 1.053 consejeros políticos.

Los organismos supramunicipales actualmente cuentan con dos órganos de gobierno: el consejo de alcaldes y el pleno (formado por concejales designados por los partidos políticos en función de los resultados electorales). El Gobierno catalán quiere eliminar este último y dejar el consejo de alcaldes como único órgano político. "La idea es profesionalizar los consejos y convertirlos en una Administración de gestión cuyo presidente tenga un perfil más técnico, como un secretario de ayuntamiento", apuntan fuentes de la Generalitat.

La propuesta es bien acogida por la Federación de Municipios de Cataluña. "No tiene sentido reproducir en los plenos de los consejos la estructura política de gobierno-oposición. Los entes comarcales deber ser órganos de gestión", apunta su presidente, Manuel Bustos.

La medida también tiene el beneplácito de algunas comarcas, como Osona. Su presidente, Joan Roca, critica la burocratización actual de las entidades, ya que "el consejo de alcaldes es un órgano consultivo y el pleno solo aprueba cosas que apuntan los técnicos. Todo es un montaje político y una maquinaria que se puede reducir perfectamente".

Más objeciones se plantean en otras comarcas. El presidente del Consejo Comarcal del Priorat, Cèsar López, considera que dejar esta Administración exclusivamente en manos del consejo de alcaldes la hará "ingobernable".

"Cada alcalde", opina, "solo mirará en beneficio de su pueblo, y cuando se deba tomar una decisión, por ejemplo sobre dónde se hace una obra concreta, ¿quién lo decidirá?", se cuestiona López.

Miquel Àngel Martínez, presidente del Consejo Comarcal del Maresme, teme que este nuevo modelo suponga cargar a los regidores con responsabilidad que no puedan asumir. "Los alcaldes ya tienen muchos problemas en sus municipios, y más en tiempos como los actuales", se queja.

A la espera del nuevo diseño de los consejos comarcales, el debate sobre sus tareas administrativas y su estructura de gestión sigue abierto.