Estado de excepción

La crisis económica ha provocado incendios de magnitudes inimaginables en todos los países ribereños del Mediterráneo. En la ribera sur ha desatado un proceso revolucionario que, o se ha llevado por delante los sistemas políticos de países como Túnez, Libia y Egipto, o ha forzado cambios considerables en los de otros como Marruecos, Argelia o Jordania. El proceso revolucionario ha sido calificado como primavera árabe, dándose a entender que es un proceso esperanzador, del que cabe esperar, a pesar de las dificultades a las que haya que hacer frente en el camino, un avance hacia la democracia en dichos países.

En la ribera norte el incendio ha desatado un proceso involutivo, que está poniendo en cuestión la pervivencia de la democracia en la forma en que esta forma política se había asentado en la parte occidental del continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Grecia e Italia ya están en estado de excepción. Pero no en un estado de excepción que afecta al ejercicio de determinados derechos por parte de los ciudadanos o al funcionamiento regular de los poderes públicos, sino que ha supuesto la suspensión de la vigencia del principio de legitimación democrática del Estado. Formalmente se mantienen en pie las instituciones propias de dicho principio de legitimación democrática, pero materialmente la dirección política del país no se expresa a través de ellas. Esto no se ha vivido nunca antes en la experiencia democrática europea. No podemos saber, en consecuencia, ni cuánto tiempo se puede mantener un estado de excepción de esta naturaleza ni cómo se sale de él.

Evitar caer en el estado de excepción ha sido la única política de la izquierda socialista

En la Península Ibérica no nos encontramos en estado de excepción, aunque Portugal parece que se va deslizando lenta pero progresivamente hacia el mismo. Por las informaciones que vamos teniendo, no da la impresión de que el actual Gobierno consiga hacerse con las riendas para dirigir políticamente el país. Si así fuera, es difícil pensar que una nueva alternancia electoral fuera la solución. El actual partido socialdemócrata pudo sustituir al partido socialista en unas elecciones generales el año pasado, ante el fracaso de este último en la aprobación por el Parlamento del plan de ajuste que había pactado con la UE. ¿Se podría repetir la operación?

En España el horizonte del estado de excepción no puede dejar de ser contemplado. Hay que tenerlo presente, porque es lo que hay que evitar a toda costa. En la pasada legislatura se consiguió evitar con un coste que ha soportado casi en exclusiva el partido socialista. Con la finalidad de conseguir la no intervención del país, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en práctica una política que supuso que el partido se desangrara políticamente. Un rosario de derrotas electorales lo certificaría de manera inapelable. Y el partido acompañó al Gobierno en ese proceso. El "cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste" lo dijo el presidente en el Congreso de los Diputados, pero lo hizo suyo el conjunto del partido. No hubo ninguna alternativa a la política definida por el presidente del Gobierno, porque el partido entendió que la alternativa era el estado de excepción. Puede que estuviera equivocado el presidente. Pero si lo estuvo, también lo estuvo el partido. De ahí que la desautorización haya sido global.

Este es el contexto en el que hay que situar la celebración del congreso del PSOE en Sevilla este fin de semana. En el partido socialista no ha habido nadie que haya propuesto una política alternativa a la del secretario general y presidente del Gobierno en la pasada legislatura. Tampoco se ha formulado ninguna alternativa solvente desde la izquierda que no está integrada formalmente en el partido socialista. Evitar caer en el estado de excepción ha sido la única política de la izquierda socialista costara lo que costara. Se ha conseguido y ha costado lo que ha costado.

Sea quien sea elegido o aunque fuera otro u otra que no hubiera sido ministro de Zapatero el nuevo secretario general, lo ocurrido en la pasada legislatura gravitaría sobre él o ella con la intensidad que las urnas han certificado. No hay salida inmediata para la crisis en la que el PSOE se encuentra. Hay que reconocerlo así y diseñar una estrategia para ir saliendo de la misma.

En las circunstancias más adversas el PSOE ha mantenido el apoyo de siete millones de ciudadanos. A partir de ahí, tiene que hacer política e intentar recuperar la credibilidad perdida. Hay muchos terrenos en los que se puede hacer ya y muchos más que se van a ir abriendo a medida que la sociedad española empiece a sentir lo que significa la alternativa del PP. Un partido con la historia del PSOE debe tener perspectiva para analizar su situación actual y no perder la calma.