El enigma de la Fundación Puerto de Vigo
López-Chaves se niega siquiera a confirmar si preside la entidad creada por Porro
De la verbigracia a la verborrea, hasta llegar a la negativa explícita a responder a lo más elemental: ¿la Fundación Puerto de Vigo está activa o disuelta?, ¿es usted su presidente? Ignacio López-Chaves, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y, teóricamente, de la fundación, se fue por la tangente. No era, dijo, asunto que correspondiera a la convocatoria de ayer, "para abordar asuntos de actualidad".
López-Chaves se extendió, sin embargo, en culpar al anterior ministro de Fomento, José Blanco, de la relegación del puerto de Vigo en la red transeuropea de transportes, algo que la actual ministra, Ana Pastor, se dispone a corregir, dijo. Para eso era la rueda de prensa. Pero la Fundación Puerto de Vigo (FPV), mal que le pese, también es "asunto de actualidad".
Ahora, desde la incertidumbre de si se disolvió o no, se sabe que en su año de funcionamiento -se constituyó en abril de 2010, bajo presidencia de Corina Porro- consumió unos 500.000 euros de caudales públicos y 220.000 más de su dotación inicial. En 2010 destinó 318.955 euros a "aprovisionamientos" improbables o incoherentes con otras partidas de su propio registro contable y, como guinda de ese ejercicio, desvió más de 110.000 euros -de 115.860 recaudados- de un festival benéfico cuyos ingresos iban destinados a dos asociaciones de ayuda humanitaria.
La FPV, que se sepa, recibió fondos públicos del Igape, del Xacobeo, de la Consellería de Traballo y del Puerto vigués. Ahora está desaparecida en un limbo, con la que fuera su sede en alquiler y expuesta en los tribunales a una reclamación de 570.000 euros. Pero nadie, ni dentro ni fuera de la FPV -si es que dentro hay alguien- se presta a aclarar o a exigir aclaración de esas cuentas, pese a lo que socialmente se araña en otras al amparo de las políticas de austeridad.
Este ocultamiento contrasta, en el caso de López-Chaves, su teórico presidente, con sus machacones requerimientos a la Xunta bipartita de toneladas de fotocopias de documentos sobre la Cidade da Cultura o sobre el "derroche" que supuso el pago de 400 mojitos en La Habana. Ahora esconde hasta sus propios cargos representativos.
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