El grupo Sacyr y Pemex rompen su acuerdo de sindicación de acciones en Repsol
Estaba muerto y ayer lo enterraron. Sacyr Vallehermoso y Pemex han firmado la resolución definitiva del acuerdo de sindicación de acciones en el capital de Repsol que alcanzaron a finales de agosto de 2011. Las dos empresas comunicaron a la CNMV que "dan por terminado y resuelven de manera anticipada" su pacto en Repsol, sin "nada que reclamarse" y "renunciando al ejercicio de cualquier acción o derecho que les asistía" en el marco de dicho acuerdo. Así, Sacyr y Pemex oficializan la ruptura del pacto anunciada el pasado 20 de diciembre, cuando el grupo constructor vendió un 10% del capital de Repsol a la propia petrolera, donde hasta entonces controlaba un 20%, con el fin de refinanciar la deuda asociada a esta inversión. La ruptura formal del acuerdo entre estas dos compañías se registra una semana después de que Pemex y Repsol firmaran una alianza industrial estratégica a largo plazo, por la que la petrolera mexicana se compromete a mantener una participación entre el 5% y el 10% en la compañía española durante los próximos 10 años.
El anuncio se realizó en unos días agitados para Repsol. El hecho de que a altos cargos del Gobierno argentino se les pase por la cabeza la posibilidad de reestatalizar YPF, la mayor empresa del país, cuyo control está en manos de Repsol YPF (57%), ha llevado a que la acción de la petrolera española se desplomara en Buenos Aires un 10,62%, aunque ayer en la Bolsa de Madrid limitó el retroceso al 2,37%.
El pasado domingo el periódico Página/12, cercano al kirchnerismo, publicó que "legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la rena-cionalización de YPF". A partir de esa información, la acción de la antigua petrolera estatal, privatizada en 1993, se derrumbó en la Bolsa de Buenos Aires un 10,62%. El impacto acabó llegando al papel de Repsol.
Hasta ahora ningún funcionario ha declarado con nombre y apellido que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evalúe la posibilidad de reestatalización, una alternativa que ha ganado adhesiones en el partido gobernante a partir de las recientes peleas con YPF y sobre todo con el accionista argentino, el Grupo Petersen (domina el 25% y la gestión), de la familia Eskenazi, con el que el Ejecutivo ha tenido desavenencias.
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