Alaya investiga el impacto de las ayudas

La juez Mercedes Alaya abrió ayer una nueva vía de consecuencias imprevisibles para las ayudas concedidas por Empleo durante la última década. En su investigación para aclarar la legitimidad de las ayudas concedidas ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores una relación de ayudas concedidas por las Consejerías remitidas a la Comisión Europea desde 2001. Es decir, Alaya busca saber si las ayudas que concedió la Junta "repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario" por la excesiva cuantía de estas subvenciones.

La juez alcanza esta conclusión después de que la Guardia Civil haya estimado que la subvención para el ERE de Surcolor puede considerarse como "ayuda directa a empresa". Alaya investiga si la Comisión Europea ha autorizado las numerosas ayudas superiores a los 200.000 euros, lo cual podría afectar de manera ulterior la política de ayudas a Andalucía procedentes de Bruselas.

En paralelo, la juez busca analizar las subvenciones como "transferencias de financiación" por nada menos que 4.315 millones concedidas por cinco Consejerías al margen de Empleo: Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, Medio Ambiente y Gobernación. La juez considera que el sistema impulsado por Empleo y seguido por otros departamentos es ilegal, por lo que ha extendido sus pesquisas al resto de Consejerías. El PP solicitó la petición de información y Alaya está de acuerdo en analizar el extensísimo cuadro de ayudas concedidas a través de la agencia IDEA. La vertiginosa cifra de 4.315 millones da una clara idea de la magnitud de la causa de los ERE.

"Total ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas (...) concentración en las mismas personas y en los mismos grupos empresariales de un número importante de ayudas públicas realizadas a través de las transferencias de financiación", subraya Alaya. La juez sospecha que el mismo descontrol con el que Empleo repartió numerosas ayudas podría haberse reproducido en otros departamentos del Gobierno autónomo.

En el auto de ayer, Alaya se detiene en un ejemplo muy llamativo y clarificador de ayudas concedidas a empresas solventes: el restaurante Río Grande percibió ayudas para un ERE por 1,5 millones para prejubilar a 13 trabajadores en 2005. Solo un año antes la firma había tenido 1,2 millones de beneficios y además luego no ha acreditado el pago de 157.000 euros a los que se comprometió en un ERE que contó con una intrusa y una irregularidad manifiesta, según Alaya.

Por otra parte, la Junta anunció ayer que ha comenzado a investigar las comisiones que percibieron las consultoras en la tramitación de los ERE, y ha pedido a las aseguradoras que les remita la información sobre el detalle de los pagos.

El caso multiplica sus diferentes investigaciones paralelas porque 10 años dan para mucho. Al margen de las millonarias ayudas concedidas y la trama surgida a su alrededor integrada por consultores, intermediarios, sindicalistas y abogados, está en cuestión el procedimiento administrativo. Para arrojar luz sobre este último y sus responsabilidades políticas será decisiva la declaración judicial de Guerrero, prevista para el próximo 23 de febrero.