El Gobierno excluye a la Junta de una reunión con el sector pesquero
El acuerdo con Marruecos acaba en un choque entre las dos Administraciones
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Las relaciones entre el Gobierno central, en manos del PP, y la Junta (PSOE) se tensa más cada día que pasa. El enfrentamiento de ayer surgió por las consecuencias (y la solución) de la ruptura del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. 41 barcos andaluces y 381 tripulantes se han quedado sin poder faenar por este asunto. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se reunió ayer en Sevilla con varias cofradías de pescadores y asociaciones de armadores.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, criticó la "deslealtad institucional" por no invitar a la Junta al encuentro. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, también insistió en este supuesto agravio: "La Junta pidió asistir y se le dijo que no procedía, y, sin embargo, Javier Arenas sí ha estado y ha hecho declaraciones a la prensa. Esa es la lealtad institucional y la confusión del PP con las instituciones", informa Ginés Donaire.
Griñán y Aguilera acusan al ministro Cañete de incurrir en la "deslealtad"
Tras reunirse con los armadores y cofradías, Arias Cañete, que anunció que en un plazo de seis meses espera un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos "si hay voluntad política", respondió a la consejera. Ambos responsables se reunieron el 4 de enero para abordar este asunto. Y, según Arias Cañete, la consejera le trasladó que la Junta no tenía fondos "para apoyar" al sector. De ahí, según el razonamiento del ministro, que la solución transitoria la haya tenido que encontrar "en solitario" el Gobierno central.
Esa solución temporal consiste en que los armadores de los 69 barcos y 661 tripulantes españoles afectados reciban nueve millones en ayudas para afrontar el parón. De ese dinero, 4,5 millones se destinarán a los armadores y pescadores andaluces afectados.
El dinero de esas ayudas tampoco saldrá directamente de las arcas de la Administración central. Proceden del Fondo Europeo de Pesca. Lo que ha conseguido el ministro (que el 10 de enero se reunió con la comisaria europea de pesca, María Damanaki) es que Europa acceda a reprogramar estos fondos para que los afectados reciban las ayudas.
La vigencia de esas ayudas, según Arias Cañete, es de seis meses. En ese plazo, el ministro espera que se pueda poner en pie un nuevo acuerdo pesquero, que es la principal reclamación del sector. El titular de Agricultura detalló que, en estos momentos, se está elaborando una "propuesta de mandato" en la Comisión Europea para autorizar a la negociación de un nuevo convenio de pesca. La previsión del ministerio es que en la primera semana de febrero esté aprobado ese mandato. Arias Cañete viajará a Marruecos para entrevistarse con su homólogo el 9 de febrero. El objetivo está claro: "el sector no quiere ayudas, quiere pescar", dijo el ministro.
En la misma línea se pronunció tras la reunión Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Armadores. Maza, que ha señalado que "nadie ha solicitado un sistema de ayudas", insistió en la necesidad de un nuevo acuerdo con Marruecos. Maza recordó que la comisión mixta hispano-marroquí de empresarios de la pesca ya ha elaborado y remitido a las autoridades un informe sobre la viabilidad de este convenio de pesca.
El conflicto abierto por la pesca no es el único en el que también está implicado el país africano. La comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo aprobó ayer el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que, entre otras cosas, permitirá una mayor entrada de tomates desde este país. Los agricultores, fundamentalmente los almerienses, han criticado esta aprobación al entender que dañará sus intereses.
Arias Cañete recordó que esta decisión todavía no es firme, ya que se requiere de la ratificación del acuerdo comercial por parte de la Eurocámara, previsto para el 15 de febrero. "Puede pasar cualquier cosa", según el ministro. El titular de Agricultura también recordó que Europa ha emitido dos opiniones contradictorias sobre este acuerdo. La comisión de comercio lo ha apoyado y la de agricultura lo ha rechazado.
El oleoducto de Balboa, en febrero
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció ayer que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la refinería Balboa en Extremadura se publicará durante el mes de febrero. Este proyecto incluye un oleoducto para transportar el crudo desde Huelva hasta la nueva planta ubicada en la provincia de Badajoz. Arias Cañete señaló que la intención de su departamento es publicar la DIA "en muy poco tiempo". "No estará siete años en un cajón", dijo en referencia al tiempo que se lleva tramitando este proyecto, liderado por el Grupo Gallardo y que tiene una dura oposición por parte de los ecologistas. "No creo que termine el mes de febrero sin que se tome una decisión", auguró. Eso sí, no quiso pronunciarse sobre si la declaración será positiva o negativa.
La Junta de Andalucía ya ha mostrado algunas reticencias con la parte final del oleoducto. En un informe remitido al ministerio en abril, la Consejería de Medio Ambiente señaló que el promotor no había sopesado correctamente los riesgos para los espacios naturales, en especial sobre Doñana, ni las implicaciones que un hipotético vertido ocasionaría a la actividad económica de la zona.
El Consejo de Participación de Doñana, en su reunión ordinaria de mediados de diciembre, respaldó una propuesta presentada por WWF en la que se apoyaban explícitamente "los informes y alegaciones presentadas por la Consejería de Medio Ambiente" al proyecto.
El ministro también se ha pronunciado sobre otra polémica iniciativa, la profundización del dragado del Guadalquivir que quiere poner en marcha el puerto de Sevilla para que lleguen hasta la capital andaluza barcos de más calado. Arias Cañete no entró en los plazos en este caso. Dijo estar pendiente de recibir todos los estudios técnicos para resolver basándose en las conclusiones científicas. "Las decisiones se toman sobre bases científicas y rigurosas y no sobre prejuicios políticos o grupos de presión", afirmó.
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