El TSJA respalda la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
La Junta de Andalucía ha recibido una de las primeras alegrías de los tribunales en el conflicto que mantiene con un amplio sector de sus funcionarios por la fusión de agencias y empresas públicas. La alegría en este caso se la ha dado la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra el decreto del 19 de abril de 2011 por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. El argumento que ha utilizado el sindicato Safja para rechazar esta fórmula de ente público empresarial es que solo sirve para "fomentar el enchufismo".
La sentencia es la primera conocida en este sentido, favorable a la Junta de Andalucía, después de que en los últimos meses haya habido un goteo de resoluciones favorables a la central sindical en relación con otras agencias públicas. El fallo, que es firme, deniega la suspensión cautelar de la aplicación de los estatutos, como solicitaba el sindicato Sajfa.
El alto tribunal andaluz no admite las alegaciones de Safja sobre la supuesta "inseguridad jurídica" de los trabajadores ni sobre el posible quebrantamiento del principio constitucional de la inmovilidad de los funcionarios, que, según el sindicato, provoca la creación de la agencia. La sala considera que estos argumentos son "en exceso genéricos".
Los estatutos de esta agencia disponen que "el personal que se integre en la nueva entidad conforme a las reglas de la sucesión de empresas podrá acceder a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solamente a través de la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público". El TSJA interpreta que la fórmula elegida por el Gobierno regional es acorde a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública resaltó ayer que la sentencia "considera, desde el punto de vista procedimental, que el decreto se ha negociado correctamente en el seno de la mesa general".
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