La batalla que intoxica el pacto

Cada vez que los sindicatos, los empresarios y el Gobierno de turno negocian una reforma laboral, la rebaja del despido ensombrece las conversaciones y acaba por polarizar el debate. Para la CEOE, un despido más barato (20 días por año trabajado en caso de rescisión improcedente) o para el bufete laboralista Sagardoy (25 días) animaría la contratación; para los sindicatos, ahora en plena crisis, solo incentivaría la destrucción de puestos de trabajo.

El problema que encuentra el despido en España es que la ley dicta una cosa y la realidad camina en otra dirección. Las extinciones de contratos justificadas (colectivas o individuales) suponen una indemnización de 20 días por año trabajado; las no justificadas, de 45 o 33, según el contrato. Y aunque la lógica dicte que lo ideal para las empresas es optar por el despido procedente, lo cierto es que la inmensa mayoría se tramitan como improcedentes, un 67% hasta noviembre de 2011. ¿Por qué? Es la vía más sencilla y rápida -en realidad es un despido libre y caro- basta con que el empresario pague la indemnización.

"Hay que introducir un criterio de certidumbre", explica Jesús Lahera, profesor de Derecho Laboral. Desde la CEOE se argumenta que el despido barato es incierto porque encuentra obstáculos en los juzgados. Y eso, la incertidumbre, es lo peor para una empresa. La patronal pide que la ley marque criterios que aten la decisión de los jueces. Los sindicatos rechazan esta posibilidad con el argumento de que así la tutela judicial queda en nada. Y añaden, no sin razón, que la reforma laboral de 2010 ya abrió ese camino y las sentencias judiciales están basculando al lado empresarial.

Carlos García Serrano, profesor de Economía Laboral, reclama también que se clarifiquen los criterios de los despidos objetivos. Pero al mismo tiempo, pide que se cierre la vía del despido improcedente rápido. Lo mismo que defiende José Ignacio Pérez Infante para que los despidos se canalicen hacia las vías más baratas (regulaciones de empleo y rescisiones procedentes).

La propuesta más innovadora ya está incluida en la última reforma, pero fracasó antes de nacer por su alto coste: la creación de un fondo de capitalización. El Partido Popular la prometía en su programa electoral con un contenido más amplio (despido, formación, traslados). Este sistema nació en Austria, donde los empresarios pagan una cotización del 1,5% a cambio de no abonar indemnizaciones por despido. El trabajador, por su parte, acumula una cantidad de dinero que no pierde si cambia de empresa. Si al final de su vida laboral no ha sido despedido, este dinero se convierte en un fondo de pensiones. La propuesta encuentra defensores en el Banco de España y entre investigadores de FEDEA, como Florentino Felgueroso. -