Los testigos aseguran que Garzón preservó el derecho de defensa

Los policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera) que realizaron la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel corroboraron ayer que el juez Baltasar Garzón ordenó preservar el derecho de defensa en las grabaciones que se obtuviesen de los implicados, y que esa debía ser la "cláusula" que debían seguir. Un funcionario de su juzgado también declaró que el juez y las fiscales anticorrupción estaban siempre "muy obsesionados" con quitar de las transcripciones todo lo que afectase al derecho de defensa.

Garzón, que se enfrenta a penas de 17 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales, pasó ayer a un segundo plano y la vista se centró en la esgrima dialéctica de los abogados con los testigos. A última hora, los acusadores elevaron a definitivas sus peticiones de inhabilitación. Las partes presentarán hoy sus informes finales.

Los acusadores elevan a definitivas sus peticiones para inhabilitar a Garzón

En su conjunto, la prueba resultó netamente favorable a los intereses del magistrado. El comisario jefe de la UDEF, José Luis Oliveras, aseguró que tras la detención de los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, él planteó al juez la conveniencia de que no les asistiera el abogado que habían designado, José Antonio López Rubal, también vinculado la red, pues iba a ser imputado en fechas próximas. "Garzón nos dijo que el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier cosa y consintió que Rubal asistiera", dijo el policía.

Tanto Oliveras como el jefe de grupo encargado de las escuchas aseguraron que pidieron explicaciones al juez por el auto en el que ordenaba las grabaciones, "previniendo el derecho de defensa". "Le pedí una aclaración y me quedé igual", explicó el comisario, "porque el juez dijo que el derecho de defensa lo asumía él a la hora de valorar lo que pudiera afectarlo o no".

Según los policías de la UDEF, la trama Gürtel era una organización "perfectamente estructurada, con jefes y ánimo de delinquir", en la que el "delito base" era el blanqueo "puro y duro". Las detenciones se precipitaron ante la inminente fuga de Correa, pero la actividad de la organización continuó a través de los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que protegían "la estructura de blanqueo". Por eso trasladaron verbalmente a Garzón la necesidad de adoptar el control de las comunicaciones.

El exfiscal Ignacio Peláez, autor de la querella contra Garzón, dejó el banco de la acusación para declarar como testigo, después de tener que quitarse la toga. Peláez tuvo que admitir que se entrevistó en la cárcel con Correa y Crespo sin las necesarias autorizaciones del juzgado ni del Colegio de Abogados, aunque lo justificó en que fue a preparar la defensa de su cliente, "no a blanquear". El acusador dijo que no tenía datos de que se hubiesen utilizado las escuchas en diligencias, pero aprovechó para colocar que lo que le preocupaba es "no saber todo lo que se ha oído", ni si se han utilizado elementos incriminatorios que él haya mencionado. "Que se me esté escuchando ya me parece grave", dijo.

Un funcionario del juzgado de Garzón, Vicente Maroto, explicó que la tarde que el juez ordenó las escuchas, una fiscal, muy nerviosa, le había dicho: "Baltasar, hay que hacer algo con esas visitas a la cárcel". Añadió que esa fiscal -a la que el acusador José Antonio Choclán identificó como Miriam Segura- fue la que le señaló los párrafos que tenían que quitarse de las transcripciones. Maroto puntualizó que la fiscal había estado antes con el juez, por lo que se "imaginaba" que lo había hablado con Garzón y este llevaba el control. Pero Choclán le instó a dejarse de "imaginaciones" y a responder sobre hechos, para dejar flotando en la sala que había sido la fiscal, y no el juez, quien realizó los expurgos.