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Reportaje:

El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas

El empeño aeroportuario de Carlos Fabra iba unido a la atracción de 600.000 turistas, doce campos de golf y un nuevo parque temático

Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.

El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

150 millones de euros en la construcción, 30 millones en publicidad, 300.000 euros en la estatua... Y ni un viajero

"Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admitió el inspirador de la obra

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba "agua para todos". La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: "Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy". Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. "Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que "cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas".

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -

El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

Carlos Fabra, ese "político ejemplar"

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de "político y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barberá

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", aseguró Gimeno, quien añadió: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes". -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de enero de 2012

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