Un caso pendiente de las escuchas

Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.

Un juez anuló una parte de las intervenciones y otro las validó

Ripoll (imputado) y Castedo (acusada) son los principales implicados

Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.