¿Dónde está mi beca?

Uno de los grandes engaños de nuestra época -que se transmite como discurso oficial de Gobierno a Gobierno- es que todo joven esforzado y capaz puede llegar a donde quiera en sus estudios aunque los recursos familiares no abunden para sufragar los costes de esa enseñanza, universitaria sobre todo. En los países de nuestro entorno la excelencia académica es el factor determinante a la hora de conceder una beca; no así en España, donde el nivel de renta se impone como indicador principal. Pero, atención, el nivel de renta que da derecho a una ayuda deja a la clase media fuera del reparto. Yo, que soy profesor de instituto, con sueldo recortado y doblemente congelado, no tengo la más mínima opción de conseguir para mi hijo, con un expediente de primera, la gratuidad de matrícula en la universidad (600 euros) ni la más exigua indemnización para cubrir parcialmente los gastos (700 euros al mes) que supone el estudiar en la Universidad de Las Palmas, donde sigue una carrera que no hay en Tenerife.

Una democracia digna de tal nombre ha de asentarse sobre la meritocracia como eje regulador de la movilidad social, dentro de unos límites razonables de ingresos a la hora de dar acceso a las ayudas públicas, pero lo cierto es que en España esos criterios no benefician lo más mínimo a las clases medias, verdadero soporte fiscal del Estado, que se ven así desasistidas y, por qué no decirlo, estafadas. Lo más indignante es que quien recibe becas y ayudas no tiene ni que aprobar todo el curso para poder renovarlas, mientras otros estudiantes, los ricos de la clase media que no tienen derecho a nada, siembran su expediente con calificaciones brillantes. Es preciso reordenar las prioridades selectivas que regulan la asignación de ayudas en la enseñanza superior para equipararnos así a los países más desarrollados y para que la democracia lo sea de verdad para todos.