Las mujeres toman la tierra

Desde las siete de la mañana hasta casi el atardecer trabaja cultivando tomates en el invernadero familiar Nelly Rodríguez, una almeriense de 42 años que lleva casi más de 15 como agricultora invisible. "Trabajo junto a mi marido pero he estado a su sombra y nunca he tenido ningún derecho ni he podido darme de baja al ponerme mala", indica desde su finca de La Cañada. Nelly ha criado a dos hijas, de 20 y 10 años, y tiene claro que no quiere que ninguna de ellas siga su camino. En la actualidad, el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas y, sin embargo, en la mayoría de los casos, el 71,2% concretamente, los titulares de la explotación son hombres.

La norma obliga a compensar a la agricultora por venta o separación

Una mujer llegó a arrendar sus tierras porque no estaban a su nombre

El 71,2% de los titulares de explotaciones son hombres

Agricultura calcula que 13.600 andaluzas dejarán de ser 'invisibles'

Nelly Rodríguez es una de las miles de agricultoras andaluzas que ahora podrá equiparar derechos y prestaciones con los de su pareja gracias a la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias que va a empezar a aplicarse este año después de su aprobación por el Congreso el pasado mes de septiembre.

La Consejería de Agricultura acaba de abrir el registro para facilitar la inscripción de copropietarias y titulares de fincas, y estima que serán unas 13.600 las mujeres (la mayor cifra del país) que saldrán de su invisibilidad.

Entre los aspectos más importantes que recoge la ley destacan el reparto de ayudas agrarias y beneficios de la explotación al 50% entre ambos cotitulares y que la explotación agraria de titularidad compartida tendrá la consideración de explotación agraria prioritaria a la hora de obtener beneficios y ayudas impulsadas por la Administración. Y, sobre todo, esta ley incorpora el reconocimiento del derecho a la compensación económica por el trabajo efectivamente realizado y no reconocido legalmente. Así, aquellas mujeres que habiendo participado de manera efectiva y regular no reciban pago o contraprestación alguna por el trabajo realizado, y no hayan constituido con su pareja una titularidad compartida, tendrán derecho a una compensación económica tanto en los supuestos de transmisión de la explotación como de extinción del matrimonio. Todo ello, además del acceso a la jubilación como cualquier persona trabajadora, la cobertura laboral en caso de accidentes o enfermedades o el acceso a la formación especializada.

Carmen Ramón es una de las andaluzas que ha estado buena parte de su vida invisible en el campo. Así fue hasta que, tras la jubilación de su marido hace cinco años, se hizo titular de los invernaderos que explota en Almería, acabando con una situación cuando menos surrealista. "Mi marido tuvo que hacerme previamente un contrato de arrendamiento, algo muy fuerte", recuerda esta agricultora almeriense de 61 años y responsable del área de la Mujer de la COAG. "Antes yo iba a pedir un préstamo y me lo denegaban porque la finca estaba a nombre de mi marido", se lamenta.

Las explotaciones agrarias andaluzas son mayoritariamente de tipo familiar, en las que las mujeres trabajan activamente sin que dicha labor esté reconocida, siendo considerada, a día de hoy, como ayuda familiar y no como una actividad económica. No es el caso de María Inés Casado, una agricultora de 46 años que es titular de una finca familiar de olivar, algodón y espárrago en Villanueva de la Reina (Jaén), donde su marido trabaja como capataz para otra empresa. "Esta ley reconoce la labor de las mujeres rurales y supone un paso adelante en la lucha para la consecución de la equidad de mujeres y hombres en el sector agrario", destaca Casado, que es también presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (Ademur).

Eso sí, todas las asociaciones de mujeres rurales y las organizaciones agrarias demandan la mayor información para que las agricultoras puedan acogerse a esta ley. "Formar parte del Registro de la Junta hace a las mujeres rurales visibles en las estadísticas de población activa, y potencia su reconocimiento social", señala la consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera.

La Orden publicada en el BOJA regula el procedimiento establecido para formalizar la condición de agricultor o agricultora profesional y establece, además, cómo acreditar un nivel suficiente de capacitación agraria, la experiencia profesional, la edad -que debe estar comprendida entre los 18 y los 64 años-, el hecho de residir en la comarca donde radica la explotación o en terrenos limítrofes, y estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad agraria.