Una huelga deja sin ayuda a más de 700 dependientes de Jerez

El estrangulamiento económico del Ayuntamiento de Jerez (210.000 habitantes) suma otra víctima. Una huelga ha dejado sin ayuda a domicilio a más de 700 vecinos de la ciudad que están acogidos a la ley de Dependencia por el impago de salarios que sufre la plantilla de la concesionaria Acasa, a la que el Consistorio jerezano adeuda tres millones de euros desde 2010.

Los paros afectan a más 700 ancianos y dependientes que hasta el próximo 12 de enero no disponen ni de limpieza en sus casas ni de asistencia para ir al médico, a la compra o al paseo diario.

Los servicios mínimos sí atienden a unos 300 usuarios, los denominados grandes dependientes, aquellos que precisan asistencia para el aseo personal, la alimentación y la ingesta de medicamentos.

Jerez es la segunda ciudad andaluza en la que se interrumpe este servicio público. La deuda municipal ya provocó el pasado septiembre una huelga indefinida en la ciudad de Jaén, que dejó sin ayuda también a unas 700 personas.

El parón en la asistencia domiciliaria de Jerez no es inesperado. Las 450 trabajadoras que integran la plantilla de Acasa cobran tarde y mal desde hace tres años.Los impagos se han agravado en los últimos meses y las medidas de presión ya hacían presagiar que la paciencia de las empleadas estaba a un paso de estallar. Desde el pasado julio la plantilla se ha concentrado a diario frente al Ayuntamiento, se ha encadenado a varios templos, ha escenificado ante la Administración su propio funeral y se ha encerrado durante 28 horas en la sala de prensa del Consistorio junto a varios líderes sindicales.

A finales de diciembre, las trabajadoras cobraron el salario de octubre, pero para las tres nóminas que restan por liquidar (noviembre, diciembre y la extra de Navidad) ni siquiera hay promesas. El gobierno municipal, que dirige la alcaldesa María José García Pelayo (PP), advierte que la caja está a cero y la empresa adjudicataria avisa que quiere rescindir el contrato con el Ayuntamiento y abandonar el servicio por la deuda municipal.

Este conflicto laboral viene de lejos sin que se negocie una salida que garantice un servicio de calidad para los usuarios y el pago puntual de los salarios a una plantilla que reclama cobrar por lo trabajado.

El anterior gobierno municipal socialista usó en 2010 y la primera mitad de 2011 hasta 1,2 millones de euros de la ley de Dependencia (dinero que es aportado por la Junta de Andalucía) para pagar a la plantilla del Ayuntamiento.

El actual gobierno del PP repuso ese dinero con las nuevas transferencias que ha realizado la Consejería de Igualdad. El resultado es que la Junta desde mediados de diciembre ha completado el pago del servicio de todo 2011, pero el dinero no ha llegado a las trabajadoras, a las que se les adeudan tres nóminas completas. "No sabemos de quién es la culpa. Lo que queremos es cobrar", protestaba ayer la presidenta del comité de empresa, Encarni Barrios, molesta por la falta de respuesta municipal.

El paro en la ayuda a domicilio no es aislado. El colapso financiero del Ayuntamiento de Jerez, que arrastra una deuda de casi 1.000 millones de euros, ya ha puesto patas arriba otros servicios públicos de la ciudad. No en vano, un millar de empleados de concesionarias municipales no ha cobrado las últimas nóminas.

En Jerez desde hace varias semanas no se reponen las bombillas del alumbrado público; desde el 30 de diciembre la zona rural sufre una huelga indefinida en el transporte de autobús que afecta a 1.000 usuarios diarios; y la plantilla del autobús urbano ha convocado paros parciales de seis horas desde el 16 de enero.

El impago municipal ha dejado sin luz desde hace meses a polideportivos municipales y afecta también a los 2.500 trabajadores del Ayuntamiento que no han cobrado las dos últimas nóminas.

García Pelayo confía en cerrar en los próximos días un plan de tesorería con la Diputación de Cádiz para aplazar pagos e inyectar liquidez a las arcas municipales con el fin de atender las obligaciones básicas.

Asimismo, negocia liberar parte de los 40 millones de euros anuales retenidos por el Estado al Ayuntamiento por la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.