Sanidad cobra tres euros por duplicar las tarjetas SIP
La tasa se pagará en caso de pérdida o de rotura
La Consejería de Sanidad cobrará tres euros -el importe del coste de renovación, según el departamento que dirige Luis Rosado- a quien solicite un duplicado de su tarjeta SIP, que se requiere para recibir asistencia sanitaria e identifica al paciente.
La pérdida, rotura o robo sin denuncia de la tarjeta SIP por parte de los pacientes valencianos supone un coste de 900.000 euros al año a la Administración valenciana, según apunta Sanidad. Con esta iniciativa se pretende "frenar este gasto evitable, fomentar un uso correcto de este documento y concienciar sobre la necesidad de presentarlo para la realización de cualquier trámite sanitario", según informó la Generalitat.
Para hacer efectiva la medida, el artículo 28 de la Ley 9/2011 de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa, Financiera y de Organización de la Generalitat introduce un nuevo supuesto de exigencia de pago de una tasa por actuaciones administrativas, dentro del cual se incluirá la expedición de duplicados de tarjeta sanitaria a solicitud del interesado.
Baleares y Galicia
La medida entró en vigor el 1 de enero, y no afecta a titulares de tarjeta solidaria o sin recursos. Tampoco se exigirá la tasa a nuevas altas -un recién nacido o una tarjeta que se emite por primera vez-, a los cambios en la cobertura sanitaria -personas en activo que pasan a ser pensionistas-, o pacientes que cambian de departamento de Salud.
El modelo de solicitud del tributo será el 046, se pagará a través de entidades financieras y estará disponible en formato electrónico en el portal de la web de Hacienda, -en el apartado de las tasas de sanidad-, y en la página de Sanidad, en su apartado de trámites administrativos.
El Gobierno de Baleares empezó el día 2 de enero a cobrar 10 euros a cada usuario que renueve su tarjeta sanitaria. Su implantación ha sido descrita como un avance de servicios digitales para el ciudadano porque el carné incorporará un chip, una banda magnética y una fotografía del titular que facilitará el acceso al historial. También ha empezado a hacerlo el Gobierno gallego, aunque en este caso no será obligatoria la renovación, sino que solo se pagará si se deteriora o extravía.
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