El Gobierno facilita a las cajas ampliar capital sin convertirse en fundaciones

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado el primer paso normativo en la reforma financiera que piensa acometer a lo largo de este primer semestre. Una disposición publicada el 31 de diciembre pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) evita que las cajas de ahorros que pasen a controlar menos del 50% del capital del banco a través del cual ejercen su actividad financiera pasen a ser fundaciones. Eso les facilita recapitalizarse sin cambiar su naturaleza jurídica.

Las siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja estaban ligeramente por encima de ese umbral en el capital de Bankia, al igual que las entidades agrupadas en Banca Cívica, con Cajasol y la CAN a la cabeza. Por ello, ante las necesidades de recapitalizarse (en especial si acometen nuevos saneamientos por los activos inmobiliarios tóxicos), dichas entidades se encontraban sin margen de maniobra para poder ampliar capital sin que su participación cayese por debajo del 50%.

Podrán mantener la forma legal aunque controlen menos del 50% de su banco

Rajoy aprueba avales de 100.000 millones para el sector financiero

Todas las cajas han creado bancos a los que han traspasado el negocio financiero. Hasta ahora, si bajaban del 50% de participación, dejan de ser llamarse "cajas" y de ser entidades financieras y se convertían en fundaciones, prácticamente con la única labor de gestionar la obra social. En caso de verse convertidas en fundaciones, aumentaría el control político de las mismas por parte de las comunidades autónomas, lo que sería un paso atrás en el intento de despolitizar las entidades.

Con el cambio normativo, incluido en el decreto ley de prórroga de los Presupuestos, se despeja el camino, por ejemplo, para que Bankia o Banca Cívica lancen canjes de participaciones preferentes por acciones o por bonos convertibles en acciones, la opción elegida mayoritariamente para recapitalizarse por otras entidades (BBVA, Santander, Sabadell o Caixabank) que no se encontraban con ese corsé del 50%.

Como adelantó este diario la semana pasada, el Gobierno estaba estudiando desde sus primeros días la toma de esta decisión de gran calado, impulsada por el Ministerio de Economía, a cuyo frente está Luis de Guindos, que antes de ser nombrado ministro era consejero de Banco Mare Nostrum, uno de los bancos controlados por cajas. De Guindos fue secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato, actual presidente de Bankia, una de las entidades que puede verse beneficiadas con la medida.

Lo que hace la nueva norma publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado es modificar el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente contenido: "Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar el control, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial (...)".

Se sustituye, pues, la exigencia de tener más del 50% del capital por la de ostentar el control en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. Esa definición de control es mucho más general y permite que se considere que hay control incluso en casos en los que no se tenga más del 50% del capital. No salva, sin embargo, de su desaparición como cajas y conversión en fundaciones a aquellas que han visto nacionalizado el banco a través del que ejercen su actividad financiera, como es el casdo de CatalunyaCaixa o Novacaixagalicia.

La reforma legal que les facilita pasar a ser fundaciones no es la única buena noticia que incluye el decreto ley de prórroga de los Prespuestos aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que incluye duras medidas de ajuste para los contribuyentes. La norma también autoriza al Estado a otorgar avales de 100.000 millones de euros a la banca durante el año recién comenzado.

Esos 100.000 millones servirán para el otorgamiento de avales a las "emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional", según el texto de la norma. El aval garantizará tanto el principal de la emisión como los intereses ordinarios.

Por error, el decreto atribuye al "ministro de Economía y Hacienda" (ahora hay un ministro de Economía y otro de Hacienda) fijar los requisitos para la concesión de los avales, entre los que podrá haber condiciones de solvencia establecidas por el Banco de España, así como el procedimiento para otorgar los avales y las comisiones que se cobrará por ellos a la banca.