El nuevo año debuta con la banda ancha universal de un mega

El próximo domingo, 1 de enero, entra en vigor la ley que prevé que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tienen derecho a contratar una línea de acceso a Internet con una velocidad mínima de un megabit por segundo (Mbps) de bajada, al haberse incluido esta prestación en el servicio universal de telecomunicaciones.

Movistar (Telefónica) será la encargada de dar este servicio universal en los próximos cinco años ya que fue la única operadora que se presentó al concurso para su prestación. Universal, desde luego, no quiere decir gratis. El regulador acordó para la banda ancha universal de un mega un precio máximo de 29,9 euros mensuales, más una cuota de alta de 66 euros iniciales, en caso de que el usuario solo quiera Internet; o de 19,9 euros al mes, más 13,97 euros de la cuota de línea telefónica y 38,1 euros por alta, si el cliente quiere disponer además de telefonía fija (llamadas).

Además, para los usuarios que, sin disponer todavía de ningún servicio con Telefónica, quieran darse de alta del servicio de banda ancha y de telefonía fija, deberán abonar una cuota de alta inicial de 83,5 euros adicionales. A todos estos precios hay que sumarle el IVA.

Con estas tarifas, solo a aquellos usuarios que viven en zonas rurales o de difícil acceso y no tengan otra oferta les conviene acogerse a este servicio, ya que existen ofertas de tarifa plana en el mercado, incluyendo las de Movistar, mucho más económicas. Incluso en esas áreas aisladas será más ventajoso contratar a una oferta de acceso a Internet por el móvil. Se calcula que en torno a 200.000 personas se beneficiarán de ese servicio universal, de los 350.000 que no cuentan con ningún acceso.

Además, la banda universal tiene el impedimento añadido de contar con un límite de capacidad de cinco gigas de descarga a partir del cual se baja la velocidad hasta los 128 Kbps.

España, junto a Finlandia y Malta, son los únicos países que han introducido en sus legislaciones una velocidad mínima que, en el caso español, es de un megabit por segundo (Mbps). La Comisión Europea descartó el pasado mes de noviembre introducir en la Unión Europea una velocidad mínima de conexión a Internet de banda ancha entre las obligaciones de servicio universal en materia de telecomunicaciones, como propuso España en 2010.