"La situación financiera de la Generalitat es complicada"

El Consell de la Generalitat paga tarde y mal. Faltan dos días para que concluya el año y decenas de colectivos y de empresas acumulan facturas pendientes de cobro por trabajos ya realizados. La vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, no pudo ayer negar la evidencia y admitió en Alicante ante los periodistas que la situación "es complicada" y no sabe "exactamente" cuándo podrán pagar a los proveedores.

La Generalitat se encuentra en quiebra técnica. Es un hecho que certificó la agencia Moody's cuando calificó hace unos días la deuda pública valenciana con uno de sus rating más bajos, a un paso de los bonos basura.

El desplome de ingresos por la crisis, el gasto desbocado de recursos públicos en fastos y las dificultades para echar mano de nuevas emisiones de deuda pública han dejado las arcas públicas valencianas exangües. El último intento de conseguir más liquidez para superar las tensiones de tesorería no resultó bien. De los 1.800 millones de euros que la Generalitat emitió en bonos patrióticos, solo se colocaron 1.058 millones de euros.

Farmacéuticos, abogados, y otros proveedores cobran con retrasos

Fabra no quiere desviarse del déficit para 2012 en más de 1.300 millones

El presidente catalán recurre al recorte de salarios y la subida de tasas

El Gobierno de Alberto Fabra comenzó el pasado julio una carrera contrarreloj para recortar los presupuestos de 2011 sin subir los impuestos. José Manuel Vela, titular de Hacienda, anunció entonces ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de ahorro por 1.949 millones de euros.

La precaria situación de la Administración valenciana ha dejado un reguero de deudas a proveedores y servicios públicos. El Consell admite una deuda de 2.400 millones de euros. Fabra solicitará al nuevo presidente Mariano Rajoy una mejora del modelo de financiación.Las cuentas no cuadran. Las tensiones de tesorería de la Generalitat están afectando a los servicios públicos y a los proveedores. No hay balance del plan de ajuste puesto en práctica por el presidente Fabra en julio pero todo apunta a que los ajustes deberán ser más severos. Mientras, empleados públicos y colectivos sociales protestan en las calles para que la Generalitat les pague.

- Proveedores y servicios públicos. La lista de impagados del Consell es abultada. Las asociaciones que atienden a dependientes o discapacitados llevan dos meses sin cobrar en tiempo y forma, y algunos han suspendido su actividad hasta que la Generalitat les pague todo lo que les debe.

Los juzgados también tienen problemas incluso para comprar papel, y los abogados del turno de oficio, que están cobrando con meses de retraso, ayer alegaron los planes de la Consejería de Justicia que pretenden bajarles un 35% sus retribuciones. El Colegio de Abogados advirtió ayer de que las rebajas en las retribuciones "pueden poner en riesgo el derecho a la justicia gratuita".

Otros 17.000 profesores de la enseñanza concertada todavía no han cobrado la paga extra de Navidad ni la nómina de diciembre; los farmacéuticos solo han cobrado 60 millones de los 550 que les debe la Generalitat, y las residencias de la tercera edad tampoco están percibiendo las subvenciones que tenían asignadas. La empresa concesionaria del servicio de limpieza de los hospitales de Alicante y La Fe tampoco cobra.

- Los recortes de Fabra. El presidente valenciano adoptó toda una serie de medidas de control del gasto público en cuanto tomó posesión del cargo, pero su eficacia ha sido más que dudosa. José Manuel Vela, consejero de Hacienda, detalló en julio ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de equilibrio financiero que implicaba un recorte del presupuesto corriente de 2011 de 1.949 millones de euros, un tijeretazo de más del 14% del gasto previsto este año.

El Consell estimó un recorte de 371,2 millones de euros en gastos de personal que procedería de la "limitación en la cobertura de vacantes", de la "reordenación de plantillas" o del control del absentismo.

En gasto corriente, el Consell planteó un recorte de 190,2 millones. En Sanidad se debían recortar 12,8 millones de euros con la "eliminación de la atención al paciente en servicios de urgencia o el control de las prestaciones endoprotésicas". En Educación se previó un ahorro de 12,6 millones a través de "ajustes en la dotación anual de los centros escolares".

Las transferencias corrientes a otras entidades se recortaron en 891,5 millones de euros. En Educación se optó por suprimir el bono libro y reducir las ayudas a centros privados. Se pactó con los rectores de las universidades un aplazamiento de su financiación de 132 millones de euros. Y las inversiones públicas se recortaron en otros 175 millones de euros.

Un gran número de las medidas anunciadas era tan vago y genérico que el Consejo de Política Fiscal y Financiera incorporó una apostilla final al plan valenciano: "En caso de apreciar que las medidas propuestas no surten efecto, se planteará al Con- sell la adopción de un nuevo acuerdo de no disponibilidad antes del 30 de octubre de 2011" por un total de otros 1.400 millones de euros.

La convocatoria electoral permitió al Consell esquivar el control del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero al margen de los controles externos, la espectacular caída de los ingresos como resultado de la crisis financiera se traduce en graves tensiones de tesorería. El recorte en el sector público empresarial, que se estima en algo más de 400 millones de euros, no será efectivo por el momento. Debe desarrollarse paulatinamente a lo largo de 2012. Fabra confirmó hace dos semanas a la patronal su intención de cumplir a rajatabla los objetivos de déficit previstos para 2012. Podrá desviarse en sus gastos un máximo de unos 1.300 millones de euros, el equivalente al 1,3% del PIB regional. Los empresarios valencianos esperan que pase de las palabras a los hechos.

- Medidas en otras autonomías. La valenciana no es la única autonomía con problemas. Los Gobiernos de Cataluña o Castilla-La Mancha han optado por severos recortes e incluso por subida de impuestos. En la Generalitat catalana, el convergente Artur Mas ha sido el más expeditivo. Comenzó su mandato con un recorte del 10% del presupuesto de 2011. Y en los últimos meses, el Gobierno catalán ha añadido el copago de un euro por receta en la sanidad pública, recuperado el impuesto de patrimonio para fortunas superiores a los 700.000 euros, e impuesto la tasa turística, que obligará a los viajeros a pagar de uno a tres euros por pernoctación. Solo con estos tres ajustes, Mas aspira a ingresar más de 440 millones de euros.

A estas tres medidas se une el recorte del gasto corriente en un 3,8%, la subida del céntimo sanitario -se grava el consumo de gasolina- , la venta de patrimonio público o la reducción en 625 millones de euros de los sueldos y beneficios sociales de sus 203.000 empleados públicos.

Otra de las dirigentes que no dudó en meter la tijera al presupuesto fue la presidenta de Castilla-La Mancha, la popular María Dolores de Cospedal. En agosto pasado presentó un plan de ahorro de 1.815 millones de euros para este año y el siguiente.

Cospedal ha aumentado el número de horas lectivas al profesorado de Secundaria para evitar la contratación de cientos de interinos, vende patrimonio público y ha rebajado a sus 70.000 funcionarios un 3% del sueldo.