El Supremo entierra la Ciudadanía en inglés de Camps

La justicia entierra finalmente la orden del expresidente de la Generalitat Francisco Camps que obligaba a traducir al inglés la materia de Educación para la Ciudadanía con la intención de dificultar su implantación en las aulas valencianas, atendiendo al boicot de los grupos ultracatólicos que se declararon "objetores" de esta materia sobre los derechos humanos. El Tribunal Supremo ha fallado en contra del recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia del 24 de julio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que daba la razón a CC OO, y obliga además a la Generalitat a pagar las costas del juicio.

La Generalitat sufrió el primer varapalo judicial hace dos años, cuando el TSJ decretó la "nulidad" de los principales artículos que daban cuerpo a la polémica orden de Camps. Entre ellos, la obligatoriedad de traducir al inglés las clases y la objeción de conciencia que eximía a los alumnos que los solicitaran de estudiar el temario completo de esta materia obligatoria y puntuable.

El fallo del Supremo, del pasado 16 de noviembre, hunde la pretensión del exconsejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de recurrir hasta el final la sentencia del TSJ que tumbó la orden valenciana. El PP y el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han manifestado su intención de suprimir la materia del sistema educativo español, pese a que se imparte en toda Europa.

La ocurrencia de Camps de poner traductores junto a los profesores de Filosofía y de Historia (que son a quienes la ley de educación asigna para impartir esta materia), generó desde su anuncio en 2007 un enfrentamiento y una fractura con todos los sectores educativos que todavía trata de cerrar el Consell de Alberto Fabra, que sucedió a Camps en julio tras su dimisión por el caso de los trajes, por el que está siendo juzgado.

La polémica orden de Francisco Camps, que obligaba a traducir la materia de Educación para la Ciudadanía al inglés (sin tener los profesores necesarios ni el alumnado el nivel para seguir una clase en esta lengua), ha sido tumbada en todos los tribunales donde ha sido recurrida. Primero, mediante la suspensión cautelar de determinados artículos en 2008, después mediante la nulidad en 2009 y finalmente con la imposibilidad de aceptar el recurso de casación interpuesto por la Generalitat en 2011.

La federación de enseñanza de CC OO advirtió al entonces consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de la "improcedencia de ampararse en el recurso de casación", debido a que la orden había sido aprobada por el pleno del Gobierno valenciano. Es decir, que la orden anulada previamente por el TSJ era "no solo una decisión normativa de ámbito autonómico, sino que procedía de una decisión política de la Generalitat y como tal no podía compararse con otra comunidad autónoma ni pedir la casación con otro marco legal estatal". Y así ha ocurrido.

"Interponer un recurso improcedente es irresponsable desde un punto de vista político. Solamente servirá para dejar en entredicho la eficacia del sistema educativo valenciano y la política educativa de Francisco Camps", aventuró entonces CC OO.

El "descontrol" que introdujo esta norma ?considerada por todos los estamentos educativos como una simple "pretensión de imponer una ideología personal al conjunto de la ciudadanía por encima de los derechos legales" de los alumnos? se estampó contra la imposibilidad de ser aplicada por parte de la propia Consejería de Educación.

Durante dos cursos, Educación envió inspectores a los institutos para comprobar si la asignatura se estaba traduciendo al inglés. La consejería editó en inglés unos materiales alternativos que, prácticamente, ningún centro adoptó y, además, se vio obligada, tras la suspensión cautelar decretada por el TSJ en 2008, a paralizar la objeción de conciencia.

Aún así el Gobierno de Camps y el consejero Font de Mora emprendieron una cruzada que duró casi dos cursos y culminó con uno de los capítulos de la política educativa más contestados de la democracia. Las huelgas, manifestaciones y encierros se sucedieron sin tregua, dejando una fractura social que la actual Administración busca rehacer mediante una oferta abierta de "diálogo" y "consenso".