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Los socialistas piden a Fabra que actúe ya ante el juez de Emarsa

El PP rechaza que la investigación en Cortes se inicie antes de febrero

Los tiempos del Gobierno no son los de la oposición. Los socialistas valencianos le exigieron ayer al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que haga buenas sus palabras del pasado 1 de diciembre y se persone en la causa ante el juez que instruye el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo en Valencia.

Una causa que cuenta ya con un total de 18 imputados, entre los que figuran varios cargos de segunda línea del PP de la ciudad de Valencia y el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo. A la mayoría de ellos se les imputan delitos de estafa, malversación, falsedad y delito societario por un saqueo de los fondos públicos de la depuradora entre los años 2004 y 2010 que podría superar los 40 millones de euros.

La falta de control se inició con el edil Silvestre Senent al frente de Emarsa

Blasco dice que su partido "llegará hasta las últimas consecuencias"

La demanda socialista tiene lugar horas antes de que hoy el pleno de las Cortes Valencianas apruebe por unanimidad la creación de una comisión de investigación. Una iniciativa de los socialistas, que el portavoz del Grupo Popular, Rafael Blasco, solapó con una iniciativa similar para atender la voluntad del jefe del Consell de esclarecer responsabilidades. Sin embargo, pese a que la votación será unánime los grupos parlamentarios dejarán patentes hoy sus diferentes puntos de vista. La oposición reclamará que los trabajos de la comisión se inicien cuanto antes pero ahí chocará con la negativa del Partido Popular que no quiere empezar las reuniones hasta mediados del próximo mes de febrero.

La secretaria provincial de Valencia del PSPV, Carmen Martínez, expresó ayer su temor a que la comisión de investigación quede en agua de borrajas. "Queremos una comisión de verdad y no otro paripé para despachar el asunto rápidamente. Queremos que la comisión se convoque con carácter de urgencia y que esté presidida por un diputado de la oposición para garantizar que se llega hasta el final", sentenció Martínez, que recordó que el caso Emarsa salió a la luz gracias a la querella presentada por el PSPV.La creación de la comisión de investigación parlamentaria del caso Emarsa no es un plato de buen gusto para los populares. A diferencia de lo que ha ocurrido con la CAM, por la que también se ha abierto una comisión de investigación, las posibles responsabilidades políticas afectan directamente a cargos del PP y podrían salpicar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuyo Ayuntamiento controlaba la mayoría de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo.

Entre los imputados figuran el ex gerente de la depuradora Esteban Cuesta, nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Barberá, cargo del que cobró pese a que su contrato le exigía exclusividad. Cuesta fue apartado del PP por la dirección regional del partido ante la pasividad demostrada por la alcaldesa.

Además, la investigación judicial ha revelado que la falta de control facilitó el saqueo de Emarsa hasta su quiebra, pero los auditores ya habían advertido de que el descontrol no se inició durante la etapa en que Enrique Crespo asumió la presidencia del consejo de administración (2004-2010), sino que arrancó años antes, durante la etapa de Silvestre Senent, concejal de Hacienda de Rita Barberá y presidente del partido en la capital. Senent fue quien contrató al jefe de Compras, Ignacio Martínez, y al jefe de Contabilidad de Emarsa, Santos Peral, cargos del partido en los distritos de Trànsits y Patraix, que han sido citados a declarar como testigos.

Ante el contenido de lo desvelado ya por la investigación judicial, los populares, previsiblemente, se enfrentarán cuando arranque la comisión parlamentaria a la petición de la oposición de que comparezcan los cargos del PP que tuvieron responsabilidades en la gestión de la depuradora de Pinedo. Un punto crítico, porque la alcaldesa de Valencia no ha ocultado, en privado, su disgusto por el hecho de que el presidente de la Generalitat aceptase investigar en el Parlamento lo sucedido en Emarsa.

Barberá ya estuvo ausente del debate en el que Fabra aceptó investigar parlamentariamente el saqueo de la depuradora de Pinedo y anunció que la Generalitat se personaría como acusación en el sumario que instruye el juzgado de Valencia número 15.

En este contexto, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, buscó sobrepasar ayer a los socialistas para ponerse en primera línea de las reivindicaciones de transparencia. "Los populares quieren dar ejemplo llegando hasta las últimas consecuencias", dijo Blasco, que se curó en salud con la coletilla: "Dentro de las competencias de las Cortes".

Blasco, que presentó, tras los socialistas, una iniciativa para pedir una comisión de investigación aseguró que su propuesta "va más allá que la de la oposición y plantea un análisis de los hechos sobre la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo desde su creación, conexión con otras entidades y posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos".

Unas manifestaciones que se tendrán que plasmar en hechos concretos, como por ejemplo la composición de la comisión, la lista de comparecencias que se admite o el dictamen que finalmente elaboren los parlamentarios. En la otra comisión de investigación aprobada, la de la CAM, los populares se han hecho con la presidencia que dirigirá los trabajos y se han negado a iniciar los trabajos antes de que se reanude el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, tras las vacaciones navideñas, a mediados de febrero.

Las dos comisiones se han fijado un plazo máximo de seis meses para alcanzar algún tipo de conclusión, mientras la instrucción del sumario judicial sigue avanzando con nuevos interrogatorios y pruebas periciales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de diciembre de 2011