Preocupaciones alemanas
La creación de la Unión Monetaria Europea nunca fue el gran sueño de los alemanes. El canciller Helmut Kohl, consciente del valor emblemático que para muchos tenía el deutschmark, tuvo que emplearse a fondo para convencer a la ciudadanía. Hemos aceptado el euro rápidamente. A diferencia de España, en Alemania, cuando se habla de lo que cuesta un coche o una vivienda, nadie lo expresa en la antigua moneda nacional. También hemos extendido al BCE el respeto que siempre teníamos frente al Bundesbank como guardián de la estabilidad de los precios. Y eso es porque la política monetaria del BCE revela unos registros razonables respecto del control de la inflación, un tema ultrasensible en la sociedad alemana, en cuya memoria histórica figuran los enormes daños causados por la hiperinflación en la República de Weimar hace casi 90 años y la inflación reprimida después de la II Guerra Mundial.
Reducir la deuda es la prioridad, y la mayoría de la población rechaza una bajada de los impuestos
En la actual crisis de la deuda soberana lo que preocupa a mucha gente en Alemania, especialmente a los asalariados, pensionistas y ahorradores, es que la zona euro deje de ser una unión de estabilidad con una moneda fuerte para convertirse en una unión de transferencias financieras desde países con solidez presupuestaria hacia países con Gobiernos proclives a un excesivo gasto público financiado con deuda. Las presiones políticas sobre el BCE para que este sea más permisivo en cuanto a la inflación serían fuertes. El euro pasaría a ser una moneda débil. La reputación internacional de la autoridad monetaria caería. Para Alemania se complicaría en este caso su estatus como país miembro de la zona euro: en 1993, en el contexto de la ley de ratificación del Tratado de Maastricht, el Tribunal Constitucional alemán sentenció que una Unión Monetaria Europea con inflación no sería compatible con el derecho a la propiedad privada que garantiza la Ley Fundamental. El argumento de los magistrados era que la inflación equivale a una expropiación de los particulares por el Estado, y eso en Alemania solo está permitido si el Parlamento lo aprueba antes por ley y determina la forma y cuantía de indemnización. Para un economista, este razonamiento tan sutil es absolutamente convincente; para el ciudadano de a pie, también.
Entre los acuerdos adoptados en la reciente cumbre europea, el que más ha convencido en la opinión pública alemana y le ha valido elogios a la canciller Merkel por su tenacidad durante las negociaciones es el de reforzar las reglas para la disciplina presupuestaria. La clave está en que los países de la zona euro (y los demás de la UE, menos Reino Unido) se han comprometido a autodecretarse por la vía constitucional unos límites exigentes para el endeudamiento de las Administraciones públicas. Alemania ya tiene la norma (desde 2009), España va por este camino y en otros países (Francia, Italia, Austria) se ha abierto el debate al respecto. Eso son señales prometedoras de que los líderes políticos han aprendido algo importante de la crisis de la deuda soberana: que el despilfarro de recursos y el endeudamiento irresponsable le sale al país muy caro en términos financieros (prima de riesgo) y económicos (pérdida de crecimiento, paro). Los ajustes fiscales inexorables no van a ser indoloros en ningún país. En Alemania, la consolidación presupuestaria a nivel federal y regional es aceptada por la sociedad, aunque haya que despedirse de algún que otro derecho adquirido. La reducción de la deuda del Estado es percibida como un objetivo prioritario, hasta tal extremo que, como revelan las encuestas, la mayoría de la población rechaza una reducción de los impuestos incluso en los tiempos actuales con una buena recaudación tributaria.
Bajo el supuesto de que los acuerdos fiscales se cumplirán y los políticos no volverán a transgredir las normas a conveniencia como hicieron en el pasado, muchos en Alemania nos preguntamos si los Gobiernos de otros países acertarán también con respecto a las reformas estructurales indispensables para elevar el potencial de crecimiento y de creación de empleo. Por mucho que el BCE continúe comprando bonos del Tesoro de países con problemas de refinanciación o que se aumente la capacidad de apalancamiento del Fondo de Estabilización Financiera o que se involucre más al FMI en los rescates, la zona euro no saldrá del atolladero si no se refuerzan paralelamente los pilares de la economía real. En Alemania hemos tenido una buena experiencia con las reformas estructurales que se iniciaron hace siete años (Agenda 2010). El mercado de trabajo es ahora más flexible, y el entorno para la inversión y la innovación, más amable. Todo esto se traduce en niveles comparativamente elevados de la productividad del factor trabajo y la competitividad internacional de las empresas. El Pacto Euro Plus, aprobado en marzo por el Consejo Europeo a instancias de la canciller Merkel, apunta en esta dirección. Pero hasta ahora no se ha traducido en los países miembros en políticas contundentes de reformas. -
Juergen B. Donges es profesor de la Universidad de Colonia.
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